Expertos de la ONU exigen protección para ONG en respuesta a sismos en Venezuela

Más de 20 expertos de las Naciones Unidas han instado a las autoridades venezolanas y a la comunidad internacional a reconocer plenamente el papel de las organizaciones de la sociedad civil en la respuesta humanitaria ante los devastadores sismos que afectaron al norte del país el pasado 24 de junio.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala Richter, ocurridos con apenas 39 segundos de diferencia, causaron al menos 4.930 muertos, 16.740 heridos, numerosas desapariciones y daños materiales estimados en 37.000 millones de dólares, según datos oficiales citados por los expertos.

En un comunicado conjunto, los especialistas destacaron que la sociedad civil ha asumido un papel indispensable en las labores de búsqueda de personas desaparecidas, identificación de fallecidos y atención directa a las víctimas, especialmente en zonas donde la capacidad estatal ha resultado insuficiente.

Las ONG y redes vecinales preexistentes han sido clave en la provisión de servicios vitales que, de otra manera, no llegarían a las comunidades afectadas, incluyendo la distribución de ayuda, el apoyo psicosocial y la organización de centros de acopio.

No obstante, los expertos advirtieron que este rol vital se ve gravemente obstaculizado por restricciones normativas, en particular la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y Sociales sin Fines de Lucro, aprobada en 2024 y conocida por sus críticos como la “ley anti-ONG”.

Según la declaración, dicha ley impone trámites de inscripción o reinscripción ante el Servicio Autónomo de Registros y Notarías que, en la práctica, resultan imposibles debido al silencio administrativo del Estado, lo que pone en riesgo la viabilidad jurídica de muchas organizaciones.

Además, señalaron que la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario ha establecido normas que obligan a los bancos a supervisar excesivamente a las ONG, creando obstáculos para la recepción y administración de recursos, tanto nacionales como internacionales.

Los expertos de la ONU exigieron que las autoridades venezolanas pongan fin a estas restricciones y, al contrario, promuevan medidas que faciliten el accionar de la sociedad civil en la reconstrucción, incluyendo el acceso a mecanismos como la transferencia de efectivo a personas damnificadas, actualmente indisponible en el país.

También solicitaron que se instruya a las fuerzas de seguridad sobre sus obligaciones en el marco de la emergencia, particularmente en la protección de iniciativas ciudadanas de ayuda, y que se eviten repetir patrones de represión contra activistas y organizaciones nacionales e internacionales.

Finalmente, subrayaron que, en contextos de catástrofe, el Estado debe priorizar la facilitación de la acción humanitaria, respetar el trabajo de todas las asociaciones y promover soluciones que refuercen la resiliencia de las comunidades afectadas, reconociendo a la sociedad civil como un garante de transparencia, derechos y localización de la asistencia.