Excepciones permiten importar armas para seguridad privada en RD

República Dominicana ha establecido excepciones temporales a la prohibición de importación de armas de fuego vigente desde 2006, permitiendo específicamente a empresas de seguridad privada renovar su arsenal bajo estrictos controles gubernamentales. Estas medidas excepcionales han creado un mercado regulado para el sector de vigilancia mientras mantienen restricciones para particulares y armerías.

Marco regulatorio de las importaciones

El Decreto 309-06 estableció en julio de 2006 la prohibición general de importar armas de fuego, municiones y accesorios para uso civil, con el objetivo de controlar la proliferación de armamento y reducir la violencia en el país. Sin embargo, esta medida ha sido objeto de ajustes puntuales para atender las necesidades del sector de seguridad privada.

En febrero de 2023, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 30-23, que derogó temporalmente por seis meses la restricción del 309-06, permitiendo la importación de armas de fuego de uso civil exclusivamente para empresas de seguridad privada registradas ante el Ministerio de Interior y Policía (MIP).

Implementación y controles

El Ministerio de Interior y Policía estableció mediante la Resolución Núm. MIP-RR-0001-2023 que solo las empresas de vigilancia y seguridad privada podían beneficiarse de esta apertura. Las armas adquiridas no serían transferibles, excepto entre empresas del mismo sector por causas justificadas como cese de operaciones.

Entre los calibres autorizados se incluyeron pistolas 9 milímetros, .38, .380 y escopetas calibre 12. Toda solicitud debía hacerse por escrito, acompañada de una justificación sobre la cantidad requerida, colocando el control en manos del MIP a través de su Dirección de Comercialización de Armas y Municiones.

Ampliación a municiones

En mayo de 2025, el Decreto 175-25 autorizó temporalmente la importación de municiones para armas de uso civil, ampliando el alcance a polígonos de tiro y empresas de seguridad privada. El decreto otorgó un plazo de seis meses para que empresas importadoras habilitadas trajeran al país proyectiles y cartuchos bajo supervisión del MIP.

La Resolución MIP-RR-0002-2025 definió con claridad los beneficiarios y condiciones del proceso, incluyendo empresas como Bossyp Global Investment, ERM Solutions, Impacto, Inversiones Emvesa, M&R Tacticals, Peralta & Co, Germán Armas y Central Romana Ltd.

Sistema de trazabilidad

La normativa establece un riguroso sistema de marcaje obligatorio en los cartuchos y empaques, con información como nombre del fabricante, calibre, año de fabricación, número de lote y las siglas "RD". Esto garantiza la trazabilidad del material y evita su desvío al mercado ilegal.

El artículo 4 de la resolución precisa que la cantidad de municiones a importar será determinada según el tipo y número de armas registradas en nombre de cada empresa beneficiaria. El documento prohíbe expresamente la conformación de consorcios o asociaciones entre importadores.

"En las armerías no hay mercancía nueva. Lo que tienen es remanente del mercado, armas usadas que se revenden entre particulares con las debidas transferencias legales", explicó Edrisis Eulalio Peralta Ramírez, presidente de la Asociación Dominicana de Importadores y Vendedores de Armas de Fuego (ADIVAF).

Peralta advirtió que la prolongación de la prohibición ha generado un aumento del contrabando. "La prohibición en sí ha provocado un efecto contrario: ha estimulado el contrabando y la entrada de armas por vías irregulares, como lo evidencia la cantidad de decomisos que realiza Aduanas cada año", agregó.

En la práctica, los decretos excepcionales han permitido una leve renovación del parque de armas de las compañías de seguridad privada, pero no han modificado la situación general de los particulares y armerías, que siguen impedidos de importar y vender armamento nuevo.