Estados Unidos cuestiona la Zona de Paz en América Latina y Caribe

Doce años después de la declaración de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, la política exterior de la administración Trump ha generado tensiones que ponen en duda el cumplimiento de dicho acuerdo. El compromiso fue suscrito el 29 de enero de 2014 durante la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en La Habana, Cuba, por 33 jefes de Estado de la región.

Los principios fundamentales de la Zona de Paz incluyeron el compromiso de resolver conflictos mediante diálogo y negociación, sin uso o amenaza de fuerza; la no intervención en asuntos internos de otros Estados; y el respeto a la soberanía, la libre determinación y el derecho de cada nación a elegir su sistema político, económico y social.

Según el artículo, estas directrices fueron respetadas en la práctica hasta enero de 2025, cuando el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca marcó un cambio en la política hacia la región. Sus primeras medidas se dirigieron contra Cuba, Venezuela y Nicaragua, seguido de tensiones con México y Canadá.

Se acusó a la administración Trump de romper acuerdos históricos, como el Tratado Torrijos-Carter de 1977 sobre el Canal de Panamá, y de ordenar una ocupación militar del mismo. Además, se menciona un despliegue naval ampliado en América y el Caribe bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, el terrorismo y amenazas a la seguridad nacional.

El contenido denuncia una supuesta incursión en Venezuela que habría resultado en la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, acción descrita como una violación del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la declaración de la OEA sobre no intervención.

Se señala un agravamiento del bloqueo económico contra Cuba, incluyendo un embargo petrolero que afecta la salud, educación y desarrollo tecnológico de la isla, junto con una supuesta amenaza latente de intervención militar.

El artículo argumenta que ningún país de la región representa una amenaza para Estados Unidos, y que la narrativa de peligro es utilizada para justificar intervenciones en gobiernos no alineados con sus políticas, especialmente Cuba.

En contraste, la administración Trump insta a los países de la región a aumentar su gasto en defensa. El subsecretario de Defensa Elbridge Colby ha criticado que el gasto militar de los países latinoamericanos y caribeños representa menos del 1% del PIB, abogando por una mayor inversión para enfrentar el narcoterrorismo, la migración irregular y la inestabilidad generada por actores hostiles.

Se compara esta postura con los llamados de la OTAN, donde se ha pedido a los aliados europeos invertir el 5% del PIB en defensa, incluso en países sin conflictos activos. El artículo sugiere que dicha política favorece a grandes consorcios armamentistas como Lockheed Martin, RTX Corporation y Northrop Grumman.

Se citan cifras de contrataciones militares, incluyendo un costo proyectado de 37.500 millones de dólares en el conflicto con Irán, y se menciona que Lockheed Martin reportó ingresos previos de 75.000 millones de dólares y una cartera de pedidos pendientes por 194.000 millones de dólares.