Estados demandan a Trump por usar fondos públicos para cancelar proyectos eólicos

Los fiscales generales de California, Nueva York y otros siete estados presentaron demandas judiciales separadas contra la administración del expresidente Donald Trump por utilizar dinero de los contribuyentes para cancelar contratos de energía eólica marina, en el marco de su política de apoyo a los combustibles fósiles.

California lideró una segunda acción legal tras anunciar el fiscal general Rob Bonta una demanda que busca anular un acuerdo del Departamento del Interior (DOI) firmado en junio de 2024, mediante el cual se acordó pagar más de 111 millones de dólares a la empresa Invenergy para que renunciara a su contrato de arrendamiento en el proyecto eólico de Morro Bay, ubicado frente a la costa central del estado.

Según la querella, el acuerdo incluía una cláusula que exigía a las filiales de Invenergy reinvertir la misma cantidad en proyectos de combustibles fósiles o geotermia fuera de California. Bonta criticó la medida afirmando que, en un momento de necesidad de energía limpia y confiable, el gobierno federal estaba destinando fondos públicos a beneficiar a la industria de los combustibles fósiles, cargando el costo a los contribuyentes y familias trabajadoras.

Esta demanda se suma a una primera acción judicial presentada previamente por California relacionada con los bloqueos al desarrollo eólico en Morro Bay.

Demanda multiestatal liderada por Nueva York

Un segundo litigio, encabezado por la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y respaldado por los fiscales generales de Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, Nueva Jersey, Rhode Island y Vermont, busca bloquear dos acuerdos de la administración Trump que otorgarían 1.400 millones de dólares de fondos públicos a compañías energéticas a cambio de cancelar cuatro proyectos eólicos marinos desarrollados por Bluepoint Wind y Invenergy.

Hochul calificó el plan como un "uso ilegal e indignante de los fondos públicos", argumentando que constituye un soborno a empresas para que abandonen proyectos eólicos marinos planificados en Estados Unidos.

Los dos proyectos cancelados en Nueva York, de materializarse, habrían generado una inversión de más de 16.000 millones de dólares y creado más de 2.800 nuevos empleos en el estado.

Amplio alcance de la política federal contra la eólica marina

Estas acciones no son casos aislados. A principios de agosto de 2024, el Ejecutivo federal acordó pagar 1.220 millones de dólares a RWE U.S. Offshore, filial de la empresa alemana RWE, para que renunciara a tres importantes contratos de arrendamiento en las costas de California, Nueva York y Luisiana, afectando proyectos eólicos marinos de gran escala.

Los litigios reflejan un creciente conflicto entre estados liderados por demócratas y la administración federal sobre el futuro de la energía renovable en aguas estadounidenses, con implicaciones significativas para la transición energética, la creación de empleo y el cumplimiento de metas climáticas estatales y federales.