Especialistas advierten desafíos en la implementación del nuevo Código Penal dominicano

Especialistas del sistema de justicia dominicano coincidieron en que la entrada en vigencia del nuevo Código Penal planteará desafíos institucionales, jurídicos y sociales que requerirán una preparación integral para garantizar su correcta aplicación. Las advertencias surgieron durante el panel "Perspectiva de la implementación del Código Penal", organizado por el Defensor del Pueblo y la Universidad APEC (Unapec).

La magistrada Giselle Méndez, presidenta del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, señaló que uno de los principales retos será la transición entre el antiguo y el nuevo Código Penal, especialmente por la coexistencia de ambas normativas y la aplicación de principios como la legalidad y la retroactividad de la ley penal más favorable.

Según Méndez, la implementación no consiste solo en conocer los artículos, sino en comprender nuevas figuras jurídicas y sus efectos en los procesos judiciales, lo que impactará la forma de probar los delitos, en especial los relacionados con modalidades de criminalidad y la determinación de los niveles de participación penal entre autores, coautores y cómplices.

Mirna Ortiz, directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), identificó la resistencia al cambio como uno de los principales desafíos, tras considerar que la reforma no es solo una modificación legal, sino una transformación del pensamiento jurídico penal dominicano.

Ortiz explicó que, además de la capacitación de jueces, fiscales y abogados, es fundamental que la ciudadanía conozca el contenido del código, por lo que llamó a impulsar procesos de formación mediante las universidades y plataformas digitales.

El jurista Miguel Valerio sostuvo que la actualización del Código Penal era necesaria para enfrentar fenómenos propios de la sociedad actual, como el sicariato, los ataques con sustancias químicas, la conducción temeraria y nuevas modalidades de criminalidad económica y tecnológica.

Destacó que la norma incorpora principios constitucionales como la legalidad, la culpabilidad y la proporcionalidad, y advirtió que su verdadero alcance dependerá de la interpretación jurisprudencial y la capacidad institucional para aplicarlo.

Ricardo Rojas León, catedrático de derecho, destacó que la legislación introduce herramientas para enfrentar delitos modernos, aunque reconoció que mantiene una tendencia al incremento de penas en algunos tipos penales. A su juicio, los jueces tendrán un papel esencial para aplicar criterios de proporcionalidad y valorar las circunstancias particulares de cada caso.

Harold Modesto, profesor de Derecho Penal de Unapec, advirtió sobre desafíos de técnica legislativa presentes en el nuevo Código Penal, en especial en conceptos que pueden generar interpretaciones diversas, como la definición de arma y la categorización de determinados funcionarios públicos.