Errores menores ponen en riesgo de deportación a beneficiarios de DACA en EE.UU.

Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, las autoridades migratorias han intensificado los procesos de deportación contra beneficiarios del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), incluso cuando no presentan antecedentes penales ni cargos criminales. Según datos solicitados por congresistas demócratas al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), hasta el 12 de mayo, 85 beneficiarios de DACA sin condenas habían sido deportados, mientras que otros 658 permanecían bajo custodia migratoria.

El caso de Roberto Navarro Valenzuela, un estudiante mexicano de 24 años que cursa mecánica espacial en la Universidad de Arizona, ilustra esta situación. Llegó a Estados Unidos a los 18 meses de edad y, tras cumplir con todos los requisitos del programa DACA, presentó en 2021 una solicitud para ajustar su estatus migratorio mediante matrimonio con una ciudadana estadounidense. Sin embargo, su petición fue rechazada por un supuesto error en la firma del formulario de cambio de estatus, lo que reactivó su proceso de deportación pese a tener una audiencia programada para septiembre.

"Traté de seguir la ley, me casé por amor con mi esposa, llenamos los formularios con la esperanza de terminar con esta pesadilla y seguir con nuestras vidas", declaró Navarro Valenzuela a EFE, añadiendo que actualmente no tiene ninguna protección legal y teme ser enviado a México, un país que apenas recuerda.

Una situación similar enfrenta Myndy Valencia Sánchez, de 29 años, quien llegó a EE.UU. a los siete años y cuya protección bajo DACA expira en enero próximo. Recibió una notificación de deportación basada en una infracción de tráfico por conducir sin licencia cometida hace más de 15 años, pese a que desde entonces obtuvo licencia mediante DACA, mantiene un historial limpio y no ha cometido ningún delito.

"Desde entonces no tengo ninguna infracción, con DACA obtuve licencia, mi récord de manejo está limpio, no he cometido ningún crimen y sin embargo ahora me quieren deportar", afirmó Valencia Sánchez, quien expresó sorpresa y miedo ante la posibilidad de regresar a un país que no conoce.

El abogado de inmigración Maurice Goldman criticó estos casos como evidencia de un enfoque "cínico" por parte de la administración Trump, argumentando que las razones utilizadas para iniciar procesos de deportación son mínimas y desproporcionadas frente a los años de cumplimiento legal, pago de impuestos y contribuciones sociales de los beneficiarios.

Organizaciones como el American Immigration Council han documentado un aumento en arrestos y deportaciones de personas con DACA, incluso cuando su estatus estaba vigente, generando discrepancias entre las cifras oficiales y los datos reportados por la propia agencia federal, lo que dificulta conocer la dimensión exacta del fenómeno.