El verdadero costo de los subsidios energéticos: más allá de las transferencias directas

Los subsidios energéticos no se limitan a las transferencias visibles del Estado, sino que incluyen mecanismos menos evidentes que trasladan costos a las empresas del sector o comprometen recursos públicos de forma indirecta, según expertos consultados. Este enfoque integral es clave para comprender el impacto real de estas políticas en las economías nacionales.

Alfonso Blanco, director de Operaciones de Inter-American Dialogue, enfatiza que el análisis debe abarcar tanto las ayudas explícitas como los costos ocultos que no aparecen en las cuentas presupuestarias. "Cuando hablamos de subsidios, no hablemos únicamente de esas transferencias directas. Hablemos de todo el iceberg, la parte visible y la parte que está abajo", sostuvo, explicando que las empresas energéticas pueden absorber diferencias entre tarifas y costos reales, lo que lleva a aplazamiento de inversiones, reducción de mantenimiento o acumulación de ineficiencias operativas.

"Una empresa distribuidora que no recupera sus costos mediante las tarifas, por ejemplo, puede aplazar inversiones, reducir gastos de mantenimiento o acumular ineficiencias operativas", dijo Blanco, al aclarar que estos costos no desaparecen por no figurar como gasto presupuestario, sino que se manifiestan en menor calidad del servicio, mayores necesidades de financiamiento o requerimientos adicionales de inversión.

Para Blanco, el primer paso en la revisión de los subsidios es cuantificar el volumen total de recursos comprometidos mediante todos los mecanismos de apoyo y determinar quién asume finalmente el costo. "Un punto fundamental es ponerle un número a esto: cuánto es el monto total de lo que se está transfiriendo bajo distintos mecanismos", afirmó.

Distribución regresiva de los beneficios

Antonio Milanese, subsecretario de Eficiencia e Información Energética del Ministerio de Economía de Argentina, advierte que los subsidios generalizados tienden a ser regresivos, beneficiando desproporcionadamente a los hogares de mayores ingresos. Según explicó, en Argentina los usuarios pagaban alrededor del 20 % del costo de la energía, mientras el Estado asumía el 80 % restante, lo que implica que quienes consumen más reciben una mayor parte del apoyo.

"Los hogares de mayores ingresos suelen consumir más energía y, por tanto, pueden apropiarse de una mayor proporción de los beneficios cuando las ayudas dependen del consumo", explicó Milanese, quien calificó los esquemas generalizados como "tremendamente injustos de base" al distribuir beneficios sin distinguir niveles de ingreso.

El funcionario argentino señaló que reducir subsidios puede generar resistencia política, especialmente entre sectores de ingresos medios y altos, que tienen mayor capacidad para organizar reclamos, acceder a funcionarios o acudir a los tribunales. En este contexto, destacó que la introducción de límites a las cantidades subsidiables explicó una parte importante de la reducción inicial de los subsidios energéticos en Argentina.

Desafíos en la focalización y necesidad de políticas adaptativas

Milanese también advirtió que la focalización de subsidios enfrenta obstáculos como la informalidad, errores en registros administrativos y falta de información sobre algunos hogares, lo que puede llevar a dos tipos de errores: excluir a quienes necesitan ayuda o incluir a quienes no cumplen los criterios.

Augusto Bonzi, especialista en Energía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sostiene que la focalización no debe ser una medida aislada, sino parte de una política pública con reglas claras, mecanismos de evaluación y capacidad de adaptación. Según Bonzi, los subsidios deben contar con reglas predecibles y revisiones periódicas que permitan evaluar su impacto más allá de la ejecución presupuestaria, analizando si reducen la pobreza, modifican patrones de consumo y afectan las finanzas públicas.

Además, Bonzi destacó la necesidad de que los programas sean flexibles para responder a situaciones extraordinarias, como aumentos abruptos de precios energéticos o emergencias económicas, permitiendo ampliaciones temporales de la protección cuando sea necesario.