El poder de los epítetos: cómo las palabras construyen realidades y afectan la justicia

El uso de epítetos en el discurso público puede transformar una sospecha en una condena social, incluso sin pruebas suficientes, según un análisis lingüístico y jurídico sobre el nuevo Código Penal dominicano. La forma en que se emplean palabras como "ladrón", "corrupto" o "estafador" no solo describe conductas, sino que puede construir realidades que afectan la reputación y los derechos de las personas.

Desde la perspectiva de la cosmolingüística, cada enunciación es una acción que participa en la construcción de la realidad social. Un epíteto no es solo un adjetivo: contiene un universo semántico, moral y social que puede condensar una acusación completa en una sola palabra. Su significado no reside únicamente en el diccionario, sino en la interacción entre el signo, el contexto, el hablante, el receptor y las circunstancias comunicativas.

El nuevo Código Penal dominicano, en sus artículos 208, 209, 210, 211, 212 y 310, ofrece un marco para reflexionar sobre esta dimensión performativa del lenguaje. Estas disposiciones tipifican conductas como la difamación, la difamación extorsiva, la injuria y el ultraje, planteando un problema que trasciende lo puramente jurídico: ¿qué responsabilidad asumimos al nombrar al otro?

Cuando se afirma "ese funcionario es corrupto", el adjetivo puede funcionar como una valoración política, pero también puede interpretarse como la imputación de una conducta concreta. En cambio, expresiones como "su gestión presenta irregularidades que deberían ser investigadas" permiten cuestionar y exigir respuestas sin convertir necesariamente una sospecha en una condena.

La lengua ofrece recursos para ejercer la crítica con precisión: usar locuciones como "según el informe", "de acuerdo con la denuncia", "existen indicios" o "debe investigarse" permite mantener el rigor en el discurso. Formular preguntas en lugar de afirmaciones categóricas —como "¿Dónde están los recursos?" o "¿Quién debe responder por lo ocurrido?"— constituye una forma inteligente de interpelar al poder sin cerrar prematuramente el sentido.

Los artículos 209 y 211 del Código Penal son particularmente relevantes: el primero muestra cómo el lenguaje puede usarse como mecanismo de presión cuando una imputación se emplea con fines extorsivos; el segundo obliga a considerar los límites entre expresiones sancionables y aquellas que forman parte del ejercicio legítimo de la comunicación. El artículo 310, referido al ultraje contra funcionarios públicos, plantea la tensión entre libertad de expresión, crítica y respeto a la dignidad.

La democracia requiere tanto palabras incómodas como precisión lingüística. Se necesita periodismo investigativo, ciudadanía denunciadora y académicos cuestionadores, pero también un uso responsable del lenguaje que evite reducir la complejidad de las personas a un solo epíteto. Llamar "corrupto" a alguien simplifica una realidad multifacética; afirmar que su actuación debe ser investigada deja espacio para que los hechos hablen y la verdad se establezca mediante el debido proceso.