El dilema del 'intercambio de disparos': cuando la versión policial no basta para esclarecer muertes

La expresión 'intercambio de disparos' se ha convertido en una fórmula recurrente en los comunicados policiales tras operativos que terminan con civiles muertos, pero su uso genera dudas sobre la transparencia y la rendición de cuentas en República Dominicana.

Según el relato oficial, los agentes perseguían a sospechosos que dispararon primero, justificando la respuesta de la patrulla. Sin embargo, para las familias de las víctimas, esta versión no explica lo ocurrido y solo abre la puerta a más preguntas sobre quién ordenó el operativo, qué pruebas se levantaron, si hubo cámaras o si la escena fue preservada.

El caso que puso este debate en el centro nacional ocurrió el 10 de septiembre de 2025 en la plaza comercial de la avenida Olímpica, en el sector La Barranquita, Santiago. Allí, cinco hombres murieron y once miembros de la Policía Nacional fueron arrestados por su presunta vinculación con el hecho.

Mientras la Policía describió el incidente como un 'intercambio de disparos', los familiares rechazaron esa explicación y denunciaron que pudo tratarse de una ejecución extrajudicial. La contradicción entre ambos relatos llevó a la Procuraduría General de la República a abrir una investigación para determinar responsabilidades y esclarecer qué pasó antes, durante y después de los disparos.

Expertos en seguridad pública coinciden en que, cuando hay muertos, la versión policial no puede ser la única explicación válida. Peritajes, autopsias, videos, testimonios e investigaciones independientes son indispensables para determinar si hubo uso legítimo de la fuerza o abuso de poder.

Activistas y organizaciones de derechos humanos advierten que ninguna muerte causada por agentes del orden debe quedar explicada únicamente por el parte policial, especialmente cuando la institución involucrada construye el primer relato y conserva parte de las pruebas. En esos casos, un control externo es esencial para garantizar una investigación confiable.

El problema se agrava cuando se anuncia una investigación pero no se informan sus avances. En muchos casos, no hay sanciones, decisiones judiciales ni una reconstrucción clara de los hechos, lo que permite que la versión inicial se imponga como verdad, marcando a la víctima antes de que la justicia actúe.

Este patrón no es nuevo. Según datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana y la Oficina Nacional de Estadística, las muertes por acción policial o militar aumentaron de 77 en 2021 a 227 en 2024. Bajo la administración de Luis Abinader, hasta julio de 2026, se han reportado 959 muertes atribuidas a intervenciones policiales, lo que muestra un preocupante repunte en la letalidad de las fuerzas de seguridad.

Aunque las autoridades destacan que República Dominicana cerró 2025 con 951 homicidios intencionales y una tasa de 8.7 por cada 100,000 habitantes —presentado como una señal de mejora en seguridad—, esta cifra no cuenta toda la historia. La disminución de homicidios comunes contrasta con el aumento de muertes causadas por el Estado durante intervenciones en sectores populares.

La crítica trasciende gobiernos: durante las gestiones de Leonel Fernández (2004-2012) se registraron más de 4,000 muertes atribuidas a la policía; en los gobiernos de Danilo Medina (2012-2020), aproximadamente 1,090 casos. Estos datos revelan un problema estructural que persiste pese a cambios en la administración.