El desafío de la salud mental: entre el miedo familiar y la falta de continuidad en el tratamiento

La limitada cobertura de los servicios de salud mental y el agotamiento de los recursos familiares han convertido la indigencia en una de las principales consecuencias del abandono terapéutico en República Dominicana, según revela una investigación periodística que analiza el fenómeno de las personas con trastornos mentales en condición de calle.

El caso de Martha, quien hace 13 años decidió no internar a su hijo de hoy 29 años por miedo a que se perdiera al salir de un centro, refleja un temor compartido por muchas familias: que el tratamiento se interrumpa y la persona termine viviendo en las calles. Aunque su hijo nunca ha estado en situación de indigencia, ella reconoce que su cuidado constante es lo que evita que forme parte de esa realidad.

Episodios violentos recientes, como el lanzamiento de un bloque desde un puente peatonal que causó la muerte de un conductor, los ataques con piedras contra vehículos en Santo Domingo Este y el intento de una mujer de lanzarse a las vías del Metro, han reabierto el debate público sobre la relación entre enfermedad mental y violencia. Sin embargo, especialistas consultados advierten que estos casos son excepcionales y no representan a la mayoría de las personas que viven con trastornos mentales.

El psiquiatra Julio Ravelo Astacio, presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, sostiene que es incorrecto asociar automáticamente enfermedad mental con violencia o condición de calle. Por su parte, Ángel Almánzar, exdirector nacional de Salud Mental, explica que detrás de las personas en situación de calle suelen confluir múltiples factores: consumo problemático de sustancias, pobreza, abandono familiar, exclusión social y falta de acceso previo al tratamiento. Reducir el problema únicamente a la psiquiatría, advierte, impide comprender su verdadera dimensión.

Ante este escenario, el Ministerio de Salud Pública lanzó en 2016 el Programa de Intervención para Personas con Trastornos Mentales en Condición de Deambulación, inicialmente en las áreas de salud IV, V y VI del Gran Santo Domingo, y posteriormente extendido a Puerto Plata. Su objetivo iba más allá de retirar a las personas de las calles: incluía evaluación clínica, inicio de tratamiento, búsqueda de familiares y coordinación de reinserción con instituciones como el SNS, el 9-1-1, CONANI, CONAPE, POLITUR, fiscalías, ayuntamientos, la Junta Central Electoral y distintas embajadas.

Según el informe ejecutivo del programa elaborado por la Dirección de Salud Mental y que recopila datos hasta 2021, se realizaron 710 intervenciones, de las cuales 339 correspondieron a mujeres y 370 a hombres, principalmente en el Gran Santo Domingo, Puerto Plata, Santiago y La Altagracia. El programa también atendió a personas extranjeras, pacientes en urgencias psiquiátricas y familias en condiciones de vulnerabilidad extrema.

No obstante, los propios documentos del programa identifican que el mayor desafío estaba después de la intervención: garantizar la continuidad del tratamiento y evitar el retorno a la calle. Por ello, entre las recomendaciones figuraban ampliar el programa a nivel nacional, aumentar las camas de hospitalización, reducir el tiempo de respuesta del transporte sanitario y crear hogares de paso o centros de día para pacientes que, tras superar una crisis, carecían de un entorno familiar estable para continuar su recuperación.

Ángel Almánzar confirmó que, durante su dirección, fue posible dar seguimiento a numerosos pacientes mediante intervenciones comunitarias, pero señaló que tras la pandemia de COVID-19 dejó de recibir información periódica sobre el funcionamiento del programa. No puedo afirmar que desapareció, dijo, pero reconoció la falta de datos actualizados como una limitación para evaluar su impacto real.