El crimen organizado en República Dominicana evoluciona hacia el ciberdelito y el lavado de dinero

El crimen organizado transnacional en República Dominicana ha dejado de depender únicamente del narcotráfico tradicional y ahora combina actividades como el ciberdelito, el fraude bancario, el lavado de dinero, el tráfico de armas y la trata de personas, según datos oficiales y análisis de expertos en seguridad.

En 2025, las autoridades dominicanas reportaron la incautación de 48.335 kilogramos de drogas, la detención de 46.367 personas y el decomiso de 404 armas de fuego, 18 embarcaciones, 2.082 vehículos y más de RD$34.5 millones en efectivo. Aunque estos resultados reflejan un aumento en la operatividad estatal, especialistas advierten que el volumen de droga incautada plantea una pregunta crítica: ¿cuánta logra pasar desapercibida?

Las redes criminales han adoptado estructuras más sofisticadas, utilizando empresas de fachada, cuentas bancarias, testaferros y posibles complicidades dentro de instituciones estatales para mover drogas, armas y dinero entre Sudamérica, Norteamérica y Europa. Un caso emblemático fue la incautación del 6 de diciembre de 2024 en el puerto de Caucedo, donde se decomisaron 9.889 kilogramos de cocaína distribuidos en 9.587 paquetes, una operación respaldada por la DEA y agencias internacionales.

El Índice Global de Crimen Organizado 2025 ubicó a República Dominicana con una puntuación de 5.17 sobre 10, posicionándola en el puesto 91 de 193 países, el 21 de 35 en América y el cuarto de 13 en el Caribe. El informe destacó particularmente el comercio de cocaína (8.00 puntos), la trata de personas (6.50), el tráfico de personas (6.50), las redes criminales (5.50) y la presencia de actores integrados en el Estado (5.50).

Expertos consultados coinciden en que el mayor riesgo no radica solo en la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad, sino en las brechas de transparencia, justicia y rendición de cuentas dentro de las instituciones, que permiten a las estructuras criminales reorganizarse tras cada golpe. Como señalaron analistas, el país puede contar con buenos aliados y equipos técnicos, pero la corrupción interna y la falta de seguimiento judicial facilitan la resiliencia del crimen organizado.

Para las autoridades, el desafío actual va más allá de la interdicción en fronteras y puertos: requiere monitorear plataformas financieras, detectar fraudes digitales, rastrear lavado de dinero mediante bienes raíces y vehículos, y desarticular redes que operan con protección institucional. Sin un enfoque integral que combine inteligencia, cooperación internacional y fortalecimiento de los sistemas de justicia, las amenazas seguirán evolucionando más rápido que la respuesta estatal.