El censo de EE.UU. 2030 y la controversia sobre cambios técnicos propuestos por el equipo de Trump

El equipo de la administración Trump propuso reformas técnicas al censo decenal de Estados Unidos que podrían dificultar la publicación de datos detallados sobre raza y género a partir de 2030, generando preocupación entre estadísticos y expertos en datos públicos.

La propuesta fue presentada en una reunión celebrada el 2 de agosto en el centro Thomas M. Menino de Boston, donde funcionarios designados por Trump se reunieron con decenas de estadísticos. Normalmente, este tipo de encuentros son rutinarios y técnicos, pero en esta ocasión se convirtió en un punto de tensión política.

Según los funcionarios del Censo, los cambios técnicos serán inevitables y tendrán consecuencias, tal como admitió Michael Hawes de la Oficina del Censo. Los estadísticos presentes expresaron sorpresa, ya que históricamente son ellos —y no los designados políticos— quienes lideran las reformas metodológicas del censo.

Steve MacFeely, jefe de estadística de la OCDE, cuestionó directamente el riesgo de percepción de interferencia política: «¿Qué tan preocupados están de que esto pueda ser percibido como una interferencia política?» La respuesta implícita fue que el equipo reconoció que las consecuencias son inevitables.

El censo decenal es un pilar constitucional y estadístico fundamental. Establecido en el Artículo I, Sección 2 de la Constitución de EE.UU., se realiza cada diez años desde 1790 para contar a toda la población. Sus resultados determinan la reapportionment de los 435 escaños de la Cámara de Representantes entre los estados, según su población.

Además de su función política, el censo tiene un impacto económico significativo: orienta la distribución anual de 1,5 billones de dólares en fondos federales y es esencial para la planificación empresarial y la defensa de derechos civiles, ya que permite una representación justa de minorías.

Expertos como Ron Jarmin, exalto funcionario de la Oficina del Censo con 34 años de experiencia, destacan que el censo es un bien público único: a diferencia de los datos privados de empresas tecnológicas, intenta llegar a cada hogar en el país, sin exclusiones.

La controversia se enmarca en un contexto más amplio de desconfianza en las instituciones, donde funcionarios del Censo han reportado temor a ataques personales por participar en debates técnicos. John Abowd, exjefe científico del censo, ha sido objeto de descalificaciones en redes sociales de derecha.

Mientras tanto, figuras como la antropóloga digital danah boyd han ofrecido análisis críticos sobre cómo los cambios en la recolección de datos podrían afectar la confianza pública en un entorno de desinformación, inteligencia artificial y manipulación electoral.

El debate plantea preguntas esenciales: ¿Puede EE.UU. obtener un retrato preciso de su población? ¿Cómo deben influir esos datos en los procesos electorales? ¿Y puede confiarse en los estadísticos oficiales en una era de creciente escepticismo hacia las instituciones?