EE.UU. revoca más de 175.000 visados durante el segundo mandato de Trump

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que ha revocado más de 175.000 visados a extranjeros desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, en enero de 2025. Esta cifra forma parte de la política migratoria restrictiva implementada por su administración, que enfatiza el control fronterizo y la revisión exhaustiva de los solicitantes.

Según el comunicado oficial, la mayoría de las revocaciones se produjeron por incidentes relacionados con fuerzas del orden, incluyendo agresiones, robos, conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas, y alteración del orden público. El Gobierno estadounidense reiteró que "un visado para entrar en Estados Unidos es un privilegio, no un derecho", y advirtió que utilizará "todos los recursos disponibles" para combatir el supuesto abuso de ese privilegio.

Casos específicos y motivaciones detrás de las revocaciones

Entre los ejemplos citados por el Departamento de Estado se encuentran personas acusadas de agresión sexual, extranjeros que celebraron el asesinato del activista conservador Charlie Kirk el año pasado, y individuos vinculados a actividades consideradas amenazantes para la seguridad nacional. Estas revocaciones no solo se basan en conductas delictivas, sino también en evaluaciones de riesgo político e ideológico.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha desempeñado un papel clave en este proceso, autorizando la revocación de visados por motivos de política exterior. Entre los casos destacados se incluyen un ciudadano cubano vinculado a una supuesta "operación de influencia" de La Habana y varios ciudadanos iraníes con presuntos vínculos al régimen de los ayatolás.

Endurecimiento del proceso de concesión de visados

Como parte de su estrategia migratoria, la Administración Trump ha endurecido significativamente el proceso de concesión de visados. Esto incluye la imposición de fianzas obligatorias para ciertos tipos de visados en países específicos, un mayor escrutinio de los solicitantes y el análisis detallado de sus redes sociales como parte de la evaluación de riesgo.

Estas medidas reflejan un enfoque más restrictivo hacia la inmigración, priorizando la seguridad nacional y el cumplimiento estricto de las leyes migratorias. El Gobierno sostiene que estas acciones son necesarias para proteger los intereses del país y garantizar que solo aquellos que respetan las leyes estadounidenses puedan ingresar o permanecer en su territorio.