EE.UU. mantiene "todas las opciones sobre la mesa" tras resolución de la OEA sobre Nicaragua

Estados Unidos afirmó este viernes que mantiene "todas las opciones sobre la mesa" para responder al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, tras la aprobación de una resolución por parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que exige a Nicaragua celebrar elecciones y liberar a los presos políticos.

La declaración fue realizada por el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, durante una conferencia de prensa posterior a la reunión extraordinaria de cancilleres de la OEA. Segura explicó que la resolución propone volver a reunirse en noventa días, tras el trabajo de una delegación encargada de dar seguimiento a la situación en Nicaragua, y reiteró que Washington mantiene todas las opciones disponibles para exigir cuentas al régimen de Managua.

Según Segura, es evidente que el presidente Ortega "no tiene voluntad de negociar", citando como ejemplo la decisión de rechazar a la embajadora estadounidense Natasha Franceschi, una diplomática de carrera nominada por el expresidente Donald Trump. "Esa decisión demuestra que Managua no quiere tener un diálogo serio", afirmó el funcionario, contrastándola con el esfuerzo de Washington por "mantener un canal diplomático profesional con el país".

La resolución, aprobada por unanimidad en la OEA, insta además a recuperar la separación de poderes, divulgar el paradero de los desaparecidos y devolver la nacionalidad a las personas que fueron despojadas de ella. Sin embargo, no incluye la imposición de sanciones concretas al Gobierno de Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

La iniciativa fue impulsada por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay y Perú. De los 34 Estados miembros de la OEA, solo siete enviaron a sus ministros de Exteriores a la reunión extraordinaria: Guatemala, Paraguay, Jamaica, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Haití. Los restantes enviaron delegados de menor rango.

El texto también insta a las autoridades nicaragüenses a establecer las condiciones para "la celebración de elecciones libres, justas e inclusivas".

Segura fue cuestionado sobre si la Administración Trump podría evitar la deportación de ocho nicaragüenses detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pero remitió la cuestión a esa agencia y al Departamento de Seguridad Nacional, señalando que el caso no corresponde al Departamento de Estado.

Según Human Rights Watch (HRW), siete de esos ocho detenidos forman parte de los 222 presos políticos que el Gobierno de Ortega y Murillo expulsó a Estados Unidos en febrero de 2023, tras declararlos "traidores" y despojarlos de su nacionalidad.

El caso se enmarca en un contexto de aumento de las deportaciones de nicaragüenses desde Estados Unidos. Un análisis de HRW basado en datos de ICE revela que, entre enero y julio de este año, más de 6.300 ciudadanos nicaragüenses fueron deportados a su país, casi el doble que en el mismo periodo de 2025. Además, más de 1.100 han sido enviados a terceros países desde enero de 2025.