EE.UU. insta a aliados antidrogas a abandonar la Corte Penal Internacional

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, instó este miércoles a los países latinoamericanos miembros de la Coalición de las Américas contra los Cárteles a abandonar la Corte Penal Internacional (CPI), en un contexto de expansión de las operaciones militares estadounidenses contra el narcotráfico en el hemisferio.

Durante la reunión de la coalición celebrada en Panamá, Hegseth argumentó que los países deben preservar su capacidad para emplear sus fuerzas armadas conforme a sus propias leyes y constituciones. Asimismo, rechazó las críticas dirigidas a las operaciones estadounidenses y defendió su legalidad bajo las normas aplicables a los conflictos armados.

La exhortación forma parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para debilitar la CPI, tras las investigaciones del tribunal relacionadas con personal estadounidense y las órdenes de arresto emitidas contra altos funcionarios israelíes, uno de los principales aliados de Washington.

Hegseth acusó a lo que denominó "la izquierda internacional" y a sus "cómplices en los medios de izquierda" de conspirar para imponer ilegalmente la jurisdicción de la CPI sobre el personal y las operaciones militares de Estados Unidos y sus socios.

La administración Trump ya ha impuesto sanciones, incluyendo prohibiciones de viaje y congelación de activos en EE.UU., contra varios jueces y fiscales de la CPI, principalmente por sus investigaciones sobre Israel.

En cuanto al estatus de la CPI, según el registro de tratados de Naciones Unidas actualizado a julio de 2026, 125 Estados son parte del Estatuto de Roma y 137 lo han firmado. Hasta la fecha, solo Burundi (desde octubre de 2017) y Filipinas (desde marzo de 2019) han completado formalmente su salida del tribunal.

Varios países han notificado su retiro, aunque aún no ha surtido efecto: Níger, Burkina Faso y Malí lo hicieron en junio de 2026, con salidas previstas para junio de 2027; Venezuela notificó su retiro el 24 de julio de 2026, con efectividad el 24 de julio de 2027; y Chad lo hizo el 27 de julio de 2026, con salida prevista para el 27 de julio de 2027.

Hungría presentó un caso distinto: anunció su retiro en 2025, pero el nuevo gobierno revocó el procedimiento en mayo de 2026, por lo que continúa siendo Estado parte del Estatuto de Roma.

Según el artículo 127 del Estatuto de Roma, el retiro entra en vigor un año después de que la ONU recibe la notificación, y no exime al Estado de sus obligaciones relacionadas con investigaciones o procedimientos iniciados antes de que la salida sea efectiva.

Entre los países que firmaron pero no ratificaron el Estatuto se encuentran Argelia, Angola, Bahamas, Baréin, Camerún, Egipto, Eritrea, Guinea-Bisáu, Haití, Irán, Israel, Jamaica, Kuwait, Kirguistán, Mónaco, Marruecos, Mozambique, Omán, Rusia, Santo Tomé y Príncipe, Islas Salomón, Sudán, Siria, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Uzbekistán, Yemen y Zimbabue.

Otros Estados ni siquiera firmaron ni se adherieron al Estatuto, entre ellos Azerbaiyán, Bielorrusia, Bután, Brunéi, China, Cuba, Guinea Ecuatorial, Esuatini, Etiopía, India, Indonesia, Irak, Kazajistán, Corea del Norte, Laos, Líbano, Libia, Malasia, Mauritania, Micronesia, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Niue, Pakistán, Palaos, Papúa Nueva Guinea, Catar, Ruanda, Arabia Saudita, Singapur, Somalia, Sudán del Sur, Sri Lanka, Togo, Tonga, Turquía, Turkmenistán, Tuvalu, Ciudad del Vaticano y Vietnam.

En el ámbito de la cooperación militar, la reunión en Panamá tuvo un resultado concreto: Hegseth anunció la incorporación de Colombia a la coalición antidrogas y señaló que el nuevo gobierno colombiano ha autorizado operaciones militares conjuntas contra organizaciones calificadas por Washington como terroristas.

El encuentro se da en un contexto de creciente participación militar estadounidense en operaciones contra el narcotráfico. Según datos proporcionados, los ataques de EE.UU. contra embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas han causado más de 200 muertes desde septiembre pasado, y una operación de fuerzas especiales en enero terminó con la salida del poder del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro.

Hegseth equiparó a los narcotraficantes con actores terroristas para justificar el enfoque militar de la estrategia antidrogas.