EE.UU. implementará programa piloto de fianzas para solicitantes de residencia en República Dominicana

Estados Unidos lanzará un programa piloto en República Dominicana que permitirá a funcionarios consulares exigir fianzas económicas a ciertos solicitantes de visas de inmigrante considerados con riesgo de convertirse en una carga pública. La medida, anunciada el 5 de agosto por el Departamento de Estado, convierte al país caribeño en el primero en el mundo donde se aplicará este mecanismo, conocido oficialmente como Public Charge Bond.

El programa no aplicará a todos los inmigrantes dominicanos, sino únicamente a un grupo específico de solicitantes cuya evaluación consular determine que existe la posibilidad de que se conviertan en una carga pública para el gobierno estadounidense. Según fuentes consultadas por Diario Libre, será el funcionario consular quien, caso por caso, decida si corresponde exigir la garantía económica durante el proceso de evaluación de la visa de inmigrante.

Una vez determinada la necesidad de la fianza, el trámite deberá completarse ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), entidad responsable de aceptar y gestionar la garantía. Aunque el monto exacto no ha sido confirmado oficialmente por el Departamento de Estado, diversos medios estadounidenses han señalado que podría oscilar entre los US$100,000 y los US$250,000, dependiendo del nivel de riesgo evaluado en cada caso individual.

El Departamento de Estado aclaró que el programa piloto no afecta las visas de inmigrante ya emitidas, las cuales permanecen válidas, y que tampoco constituye un requisito general para todos los solicitantes. Su aplicación será estrictamente condicional y limitada a aquellos casos en los que se identifique un riesgo concreto de carga pública durante el proceso consular.

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos del gobierno estadounidense por reforzar los criterios de admisibilidad en el sistema de inmigración, particularmente en torno a la posibilidad de que los nuevos residentes permanentes dependan de beneficios públicos. República Dominicana, como primer país seleccionado para el piloto, servirá como prueba para evaluar la efectividad y el impacto de esta política antes de una posible expansión a otras naciones.