EE.UU. exige fianzas de hasta $20,000 para visados B-1/B-2 de 50 países
EE.UU. implementa fianzas de hasta $20,000 para visados B-1/B-2 de 50 países, principalmente africanos y algunos latinoamericanos, como parte de un programa piloto para reducir sobreestancias.
José Luis Cabrera
Corresponsal Internacional
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado la implementación de un programa piloto que exige el pago de fianzas de hasta 20,000 dólares para solicitantes de visados de turismo y negocios (B-1/B-2) provenientes de aproximadamente 50 países, la mayoría de ellos en África, así como algunos en América Latina y el Caribe.
La medida, que fue publicada hoy en el Registro Federal, entrará en vigor el próximo lunes y forma parte de una iniciativa que comenzó en agosto del año pasado. Los funcionarios consulares tendrán discreción para determinar el monto exacto de la fianza, que podrá ser de 10,000, 15,000 o 20,000 dólares, según el perfil del solicitante y el riesgo percibido de sobreestancia.
Los países afectados incluyen principalmente naciones de África occidental y oriental, como Benín, Cabo Verde, Nigeria, Etiopía y Uganda, así como cuatro países de América: Cuba, Granada, Nicaragua y Venezuela. Según el Gobierno, la medida se dirige a países cuyos ciudadanos tienen un historial más alto de permanecer en EE.UU. más allá del tiempo autorizado por sus visados.
Bajo este programa, los solicitantes deben pagar la fianza antes de poder presentar su solicitud de visado. El dinero será administrado conjuntamente por el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado, y será devuelto una vez que el visitante concluya su estancia autorizada y salga del país.
Durante el primer año del piloto, según datos proporcionados por el Departamento de Estado, se identificaron 20,000 solicitudes que estaban sujetas al requisito de fianza. De estas, la mitad decidió abandonar el proceso y no continuó con la solicitud de visado. Además, se reportó una reducción del 83% en la emisión de visados B-1/B-2 en los países afectados durante ese período.
El Gobierno de Trump ha presentado esta medida como parte de su estrategia más amplia para reducir la inmigración ilegal y controlar los flujos migratorios. Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han criticado la política, argumentando que crea una barrera económica que afecta desproporcionadamente a ciudadanos de países de bajos ingresos y mayoría negra, limitando su acceso a vías legales de entrada a Estados Unidos.
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José Luis Cabrera
Corresponsal Internacional
Periodista con experiencia en coberturas internacionales. Ex corresponsal en Washington D.C. y Nueva York para medios latinoamericanos.
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