EE.UU. establece fianzas de hasta $20,000 para visas de turismo y negocios en 50 países

El Gobierno de los Estados Unidos convirtió en política permanente el programa de fianzas para solicitantes de visas B-1/B-2, destinadas a viajes de turismo y negocios, tras su publicación en el Registro Federal, que entrará en vigor el próximo lunes. La medida aplica a ciudadanos de 50 países considerados con altas tasas de sobreestadia tras el vencimiento de sus visados.

Los montos de la fianza oscilan entre $10,000, $15,000 y $20,000 dólares, según la evaluación del funcionario consular encargado del caso. El requisito busca garantizar que los viajeros cumplan con las condiciones de su visa, incluyendo la salida del territorio estadounidense dentro del plazo autorizado. El dinero será administrado por el Tesoro de EE.UU. y devuelto al cumplirse los términos de la estancia.

Entre los países incluidos figuran principalmente naciones de África occidental y oriental, como Benín, Nigeria, Etiopía y Uganda, además de Cuba, Granada, Nicaragua, Dominica y Venezuela. La lista oficial del Departamento de Estado también abarca otros Estados de África, Asia, Oceanía y América Latina, completando un total de 50 naciones afectadas por la medida.

El programa piloto inició en agosto del año pasado y, durante ese período de prueba, el Departamento de Estado identificó aproximadamente 20,000 solicitudes de visas B-1/B-2 sujetas al pago de la fianza. De ese total, cerca de la mitad de los solicitantes decidió no continuar con el trámite tras conocer el requisito económico.

Según datos oficiales, la concesión de visas de turismo y negocios en los países afectados disminuyó un 83% durante el primer año de aplicación del programa. La Administración estadounidense sostiene que esta reducción refleja un efecto disuasorio sobre quienes podrían intentar permanecer ilegalmente en el país tras el vencimiento de su visa.

Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han cuestionado la medida, argumentando que convierte la capacidad económica en un requisito adicional para acceder a vías legales de entrada a Estados Unidos. Los críticos advierten que el depósito de hasta $20,000 representa una barrera insalvable para muchos ciudadanos de países de bajos ingresos, donde dicho monto supera ampliamente los ingresos anuales promedio de una familia.

Reuters informó previamente que la ampliación del programa fue impulsada por la Administración Trump como parte de una estrategia más amplia para reforzar el control migratorio, que incluyó mayores restricciones de entrada, revisiones adicionales y medidas contra personas consideradas susceptibles de permanecer ilegalmente en el país. La política se enmarca dentro de los esfuerzos por reducir el incumplimiento de las condiciones de las visas no inmigrantes.

El Departamento de Estado aclaró que la publicación en el Registro Federal no crea el programa desde cero, sino que formaliza y actualiza su aplicación tras un año de funcionamiento piloto. Esto permite al Gobierno presentar datos acumulados sobre su impacto, incluyendo la disminución en las solicitudes y las sobreestadias registradas durante el período de prueba.