EE.UU. cancela 600 visas por turismo de parto, incluye dominicanos

Estados Unidos ha revocado aproximadamente 600 visas a mujeres extranjeras sospechadas de viajar al país con el propósito de dar a luz y obtener la ciudadanía estadounidense para sus hijos, una práctica conocida como turismo de parto. Entre las afectadas se encuentran ciudadanas dominicanas, según informaron fuentes del Departamento de Estado.

La medida forma parte de un endurecimiento progresivo de las políticas migratorias implementado desde 2025, cuando EE. UU. comenzó a intensificar los controles en puntos de entrada fronterizos, particularmente en la zona sur con México, para detectar y prevenir viajes motivados por la obtención de la ciudadanía por nacimiento (birthright citizenship).

Las autoridades consulares han señalado que las visas fueron canceladas tras entrevistas en las que se determinó un alto riesgo de que el viaje tuviera como objetivo principal el parto en territorio estadounidense, más que el turismo, los negocios o el estudio, que son los motivos oficialmente declarados al solicitar la visa de turista (B-2).

El gobierno estadounidense argumenta que esta práctica vulnera el espíritu de la Enmienda 14 de la Constitución, que otorga ciudadanía a cualquier persona nacida en suelo estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres. Funcionarios han indicado que se están evaluando posibles ajustes legales para limitar este derecho, aunque hasta la fecha no se han aprobado reformas constitucionales al respecto.

Los casos identificados incluyen a mujeres provenientes de diversos países, entre ellos República Dominicana, Rusia, China y Nigeria. Los funcionarios consulares han indicado que aplican criterios como la falta de vínculos económicos sólidos con el país de origen, itinerarios de viaje poco convencionales o historial de visitas anteriores cercanas al término del embarazo.

Aunque no se han divulgado cifras exactas sobre cuántas de las 600 visas revocadas corresponden a dominicanas, fuentes migratorias confirmaron que el país figura entre las nacionalidades más afectadas por esta nueva ronda de revisiones. El gobierno dominicano no ha emitido un comunicado oficial al respecto hasta la fecha de esta publicación.

Los expertos en derecho migratorio advierten que, si bien el gobierno tiene autoridad para denegar o revocar visas basado en sospechas de fraude o tergiversación, las decisiones deben sustentarse en evidencia concreta y permitir el debido proceso. Algunas organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por el riesgo de perfiliar a mujeres embarazadas basado en su nacionalidad o apariencia.

Esta política se enmarca dentro de un contexto más amplio de debate nacional sobre la interpretación de la ciudadanía por nacimiento, que ha resurgido en el discurso político tras varios fallos judiciales y declaraciones de figuras públicas que cuestionan su aplicación actual en casos de padres indocumentados o en situación migratoria irregular.