EE.UU. busca control petrolero venezolano tras captura de líderes

Altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos han descrito públicamente un esquema para mantener un control significativo sobre la industria petrolera de Venezuela, incluyendo la supervisión de las ventas y la destinación de los ingresos, tras la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa. Estas declaraciones han generado un intenso debate sobre soberanía y el orden internacional.

Declaraciones oficiales y control propuesto

El presidente Donald Trump afirmó que Venezuela se comprometería a hacer negocios con EE.UU. como socio principal, utilizando los ingresos petroleros exclusivamente para comprar productos estadounidenses. Añadió que controlaría personalmente las ganancias de la venta de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano.

En la misma línea, el vicepresidente J. D. Vance declaró que Venezuela solo podría vender su petróleo si ello sirve a los intereses nacionales de EE.UU., subordinando la capacidad comercial de la nación a una autorización de política exterior. El secretario de Energía, Chris Wright, fue más explícito al señalar en una conferencia de Goldman Sachs que Washington pretende supervisar la venta de la producción venezolana "indefinidamente".

"Estados Unidos venderá la producción que salga de Venezuela en el mercado y ese control es necesario para impulsar los cambios que deben ocurrir en el país", afirmó Wright.

Un giro en la política y el contexto coercitivo

Este planteamiento supone un cambio abrupto respecto a la política de sanciones aplicada desde 2019, que limitó drásticamente la producción y exportaciones de crudo venezolano. Recientemente, un bloqueo parcial ha impedido a numerosos buques petroleros zarpar, obligando al país a almacenar crudo con alto costo económico.

Paralelamente, la estatal PDVSA informó que negocia la venta de "volúmenes" de crudo a EE.UU. en lo que define como una transacción estrictamente comercial. Esta coexistencia de narrativas —una de tutela explícita y otra de normalidad contractual— no disipa la cuestión central sobre la legitimidad de administrar recursos nacionales en un contexto abiertamente coercitivo.

Cuestionamientos jurídicos y de soberanía

Desde el punto de vista del derecho internacional, el marco es claro. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de los Estados. El principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales es un pilar fundamental.

El secretario general de la ONU, António Guterres, subrayó que el petróleo venezolano pertenece a su pueblo y advirtió que la agresión contra el país sienta un precedente peligroso para las relaciones internacionales. En derecho internacional, la administración externa de recursos solo se justifica en supuestos excepcionales:

• Un mandato multilateral explícito.
• Un acuerdo libremente consentido por autoridades legítimas.
• Reglas aplicables a escenarios de ocupación, que imponen límites estrictos.

El nudo crítico, según analistas, es el consentimiento. Cuando los funcionarios estadounidenses describen el mecanismo como una forma de presión para forzar alineamientos políticos, se aleja de los marcos jurídicos aceptados y plantea profundas interrogantes sobre el tipo de orden internacional que se pretende normalizar.