EE. UU. supera 175.000 visas revocadas bajo endurecimiento migratorio de Trump

El Gobierno de Estados Unidos ha revocado más de 175.000 visas a ciudadanos extranjeros desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, según informó el Departamento de Estado. Esta cifra refleja el endurecimiento de una política migratoria que afecta tanto el ingreso como la permanencia en el país.

Las revocaciones alcanzaron un nuevo récord, superando las 100.000 anunciadas en enero pasado y sumando más de 75.000 adicionales en apenas siete meses. El aumento es significativo frente a los niveles registrados durante la administración de Joe Biden.

Entre las causas más frecuentes figuran agresiones, conducción bajo los efectos del alcohol, robos y delitos relacionados con drogas, además de violaciones a las condiciones de las visas. Washington también ha citado casos graves de violación, secuestro, trata de personas, explotación sexual de menores y situaciones vinculadas a seguridad nacional y política exterior.

Mecanismo de revisión continua y ampliación de controles

La medida forma parte de un sistema de revisión continua que permite al Gobierno reconsiderar una visa incluso después de haber sido expedida. El Departamento de Estado también ha cancelado permisos por fraude migratorio y llamados a la violencia.

Las revocaciones son solo una pieza de una estrategia migratoria más amplia impulsada por Trump desde el comienzo de su segundo mandato. El Gobierno ha incrementado las deportaciones, ampliado las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), reforzado los controles fronterizos y endurecido los mecanismos para determinar quién puede obtener o conservar autorización para entrar en territorio estadounidense.

Impacto específico en República Dominicana y otros casos

República Dominicana fue seleccionada como país inicial de un proyecto piloto que contempla la posibilidad de exigir una fianza por carga pública a ciertos solicitantes de visas de inmigrante. La medida no aplica automáticamente a todos los dominicanos ni constituye un nuevo precio de la visa: corresponde a casos seleccionados y el monto se determina individualmente.

La selección responde a un endurecimiento consular que incluye un examen ampliado de antecedentes, incluida la actividad en redes sociales. Las autoridades sostienen que una autorización migratoria no constituye una garantía permanente de entrada o permanencia.

La nueva política alcanza incluso a residentes permanentes legales (green card), aunque su situación jurídica es distinta. Estos titulares tienen mayores protecciones legales y su estatus no puede ser simplemente revocado por un funcionario consular, pero pueden quedar sujetos a procedimientos migratorios y eventualmente perder la residencia por condenas penales, fraude migratorio, abandono de residencia u otras causas establecidas por la ley.

El escrutinio es particularmente relevante cuando un residente regresa a EE. UU. tras viajar al extranjero, ya que las autoridades pueden examinar si conserva su derecho a ser admitido como residente permanente o si existen causas legales para iniciar un procedimiento de expulsión.

Otras medidas del endurecimiento migratorio

Trump ha utilizado la autoridad presidencial para restringir la entrada de nacionales de países considerados de alto riesgo e intensificado las operaciones de ICE dentro del territorio estadounidense. A esto se suma la Ley Laken Riley, aprobada en 2025, que amplió los supuestos de detención obligatoria de ciertos inmigrantes en situación irregular.

Las revocaciones han afectado distintas categorías, incluyendo visas de estudiantes y numerosos permisos B1/B2 utilizados por turistas y viajeros de negocios. La administración ha prestado especial atención a las sobreestadías y al denominado "turismo de nacimiento". Una embajada estadounidense en el norte de África revocó más de 100 visas a padres señalados de viajar principalmente para que sus hijos nacieran en EE. UU. y adquirieran la ciudadanía.

La filosofía detrás de las medidas ha sido resumida reiteradamente por el Departamento de Estado: "una visa es un privilegio, no un derecho". Las más de 175.000 revocaciones no equivalen a deportaciones ni representan una cancelación automática del derecho a permanecer en el país, sino una reconsideración individual basada en nuevos antecedentes o incumplimientos.