EE.UU. impone sanciones a la Corte Penal Internacional tras polémica con Premio Nobel

El gobierno de Donald Trump anunció nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), en el marco de su estrategia para debilitar al tribunal por sus investigaciones sobre Estados Unidos y sus aliados, incluyendo a Israel. La medida fue comunicada por el secretario de Estado, Marco Rubio, el viernes, poco después de que el Premio Nobel de la Paz 2024 fuera otorgado a la jurista sudafricana Navi Pillay, exjueza de la CPI y de otros tribunales internacionales.

Las sanciones incluyen el bloqueo de transacciones financieras con sede en Estados Unidos, el acceso a servicios tecnológicos y el uso del dólar estadounidense, lo que efectivamente deja a la corte sin recursos operativos clave. Según Rubio, la medida busca "prohibir las transacciones con esta corte rebelde, cortándole los recursos y paralizando su capacidad de operar contra nosotros". En un mensaje en video publicado en redes sociales, añadió que "Estados Unidos y el pueblo estadounidense no están sujetos a la jurisdicción de esta falsa CPI".

Funcionarios estadounidenses aseguraron que el timing del anuncio fue una coincidencia, afirmando que las sanciones se habían preparado durante meses. Sin embargo, la cercanía temporal con la entrega del Nobel a Pillay —quien ha sido crítica de las políticas de EE.UU. en materia de justicia internacional— generó sospechas de una motivación simbólica o retaliativa.

La decisión provocó reacciones inmediatas a nivel global, incluyendo críticas de aliados tradicionales de Washington. Naciones Unidas cuestionó la medida, advirtiendo que debilita el sistema de justicia penal internacional y establece un precedente peligroso para la independencia judicial.

Trump ha expresado públicamente su deseo de obtener un Premio Nobel de la Paz, algo que funcionarios cercanos han confirmado como una motivación personal persistente. Su administración ha mantenido una postura hostil hacia la CPI desde su inicio, argumentando que el tribunal representa una amenaza a la soberanía nacional.

La CPI, establecida en 2002, tiene la competencia para juzgar crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio cuando los estados nacionales son incapaces o unwilling de hacerlo. Sus investigaciones sobre presuntos crímenes cometidos por personal militar estadounidense en Afganistán y por autoridades israelíes en los territorios palestinos han sido particularmente controvertidas para Washington.