EE. UU. impone restricciones de visado a sudafricanos por políticas de justicia racial

Estados Unidos anunció nuevas restricciones de visado para ciudadanos sudafricanos, citando preocupaciones sobre políticas de justicia racial en el país africano. La medida fue comunicada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien señaló que las restricciones se aplicarán a individuos que, según Washington, facilitan confiscaciones de tierras sin compensación, practican discriminación racial o incitan a violencia contra grupos étnicos minoritarios.

El anuncio se produce en un contexto de creciente tensión diplomática entre ambos países, impulsada por las repetidas críticas del expresidente Donald Trump hacia el gobierno de Pretoria. Desde su regreso al poder, Trump ha acusado sin evidencia a las autoridades sudafricanas de llevar a cabo una "cruzada racial revanchista" contra la minoría afrikáner, descendiente de colonos europeos y históricamente vinculada al régimen del apartheid.

Las políticas de acción afirmativa y redistribución de tierras en Sudáfrica han sido particularmente cuestionadas por Trump, quien las caracteriza como discriminatorias contra los blancos. En 2025, durante un encuentro en el Despacho Oval, Trump reprendió al presidente Cyril Ramaphosa por lo que describió como afirmaciones falsas sobre un "genocidio blanco" en el país.

Como respuesta a estas tensiones, Washington ha tomado medidas adicionales: ha ofrecido estatus de refugiado a miles de afrikáneres y ha aumentado los aranceles sobre las importaciones sudafricanas. Estas acciones han generado preocupación en Pretoria, que recientemente propuso un nuevo acuerdo comercial "generoso" con EE. UU. para evitar el impacto económico de los altos derechos aduaneros, que amenazan con provocar pérdidas masivas de empleo.

La comunidad afrikáner constituye la mayoría de la población blanca de Sudáfrica y incluye a muchos de los líderes que diseñaron y sostuvieron el apartheid, el sistema de segregación racial que estuvo vigente desde 1948 hasta principios de la década de 1990 y que privó a la mayoría negra de derechos fundamentales. Aunque el gobierno sudafricano niega las acusaciones de persecución racial, el debate sobre la justicia histórica y la redistribución de recursos sigue siendo un eje central de su agenda política.

Hasta el momento, el Departamento de Estado no ha identificado públicamente a individuos específicos afectados por las nuevas restricciones de visado, que se añaden a un historial de fricciones bilaterales que han marcado las relaciones entre ambos países en los últimos años.