EE. UU. refuerza controles a agencias de matrimonio internacional para prevenir fraudes

El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció el endurecimiento de la aplicación de la Ley de Regulación de Agencias de Matrimonio Internacional (IMBRA, por sus siglas en inglés), con el objetivo de aumentar la transparencia y proteger a los ciudadanos estadounidenses que buscan pareja en el extranjero. La medida, comunicada oficialmente el 11 de agosto de 2026, responde a un aumento documentado en casos de fraude, abuso y explotación vinculados a servicios de matchmaking transfronterizos.

La IMBRA, aprobada originalmente en 2005 y modificada en 2013, exige que las agencias de matrimonio internacional divulguen antecedentes penales de sus clientes estadounidenses a los posibles cónyuges extranjeros antes de facilitar cualquier contacto. Hasta ahora, el cumplimiento ha sido irregular, lo que ha generado preocupaciones entre defensores de los derechos humanos y autoridades migratorias.

Según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS), entre 2020 y 2025 se reportaron más de 1,200 casos de denuncias por engaño, violencia doméstica o abandono tras matrimonios facilitados por estas agencias, particularmente en regiones de Europa del Este, Sudeste Asiático y América Latina.

Las nuevas disposiciones incluyen auditorías trimestrales obligatorias, multas incrementadas por incumplimiento y la creación de un registro público de agencias sancionadas. Además, se requerirá que las plataformas en línea que operan como intermediarios matrimoniales se registren ante el Departamento de Estado y pasen por un proceso de verificación de identidad y antecedentes.

Organizaciones como la Coalición Contra el Tráfico de Personas y la Alianza Nacional de Mujeres Inmigrantes han respaldado la iniciativa, señalando que muchas mujeres que ingresan a EE. UU. mediante visas de prometido (K-1) enfrentan aislamiento, dependencia económica y riesgo de abuso debido a la falta de información previa sobre sus parejas.

Por otro lado, representantes de la industria han advertido sobre posibles efectos negativos en negocios legítimos, argumentando que una regulación excesiva podría empujar las operaciones a la informalidad o a jurisdicciones con menor supervisión. Sin embargo, funcionarios del Departamento de Estado enfatizaron que el equilibrio entre protección y facilidad de comercio legítimo es posible mediante estándares claros y aplicables.

La entrada en vigor de las medidas será escalonada, con un período de adaptación de 90 días para las agencias existentes y requisitos inmediatos para nuevas solicitudes de registro. Se habilitará un portal en línea para consultas públicas y denuncias confidenciales.