EE.UU. contratará empresa para cobrar multas migratorias a deportados en Centroamérica

El gobierno de Donald Trump busca contratar a una empresa privada para localizar y cobrar multas migratorias pendientes a personas deportadas o que salieron voluntariamente de Estados Unidos y que actualmente residen en México, Guatemala y Honduras.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) publicó una convocatoria de contratación federal que requiere una compañía registrada en EE.UU. capaz de realizar servicios mejorados de localización de deudores en esos tres países centroamericanos.

Una vez localizada la persona, la empresa deberá notificarle el monto adeudado y facilitar opciones de pago, ya sea el pago total, un acuerdo a plazos u otra forma de saldar la deuda. El pago podrá ser realizado por el propio inmigrante o por un tercero.

Para validar el trabajo, la empresa deberá presentar pruebas como fotografías de la vivienda, facturas de servicios públicos, registros laborales o, en caso de fallecimiento, un certificado de defunción, para demostrar que se contactó a la persona correcta.

Según cálculos de la CBP, aproximadamente 66,387 inmigrantes que fueron expulsados o abandonaron voluntariamente EE.UU. tienen multas civiles pendientes de pago.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estimó en julio que el monto total de estas multas no pagadas asciende a unos 423 millones de dólares.

El gobierno de Trump reactivó el año pasado el cobro de multas civiles por infracciones migratorias, como el incumplimiento de una orden de expulsión, cuya sanción diaria, originalmente de 500 dólares bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1996, ahora asciende a 998 dólares por día tras ajustes por inflación.

Aunque EE.UU. ya utiliza empresas privadas para cobrar estas deudas desde territorio estadounidense, esta sería la primera vez que se autoriza una búsqueda directa en el extranjero. Hasta julio pasado, ningún contratista había logrado localizar a un deudor fuera del país mediante cartas o llamadas telefónicas.

La nueva contratación busca ampliar la capacidad de cobro más allá de las fronteras estadounidenses, permitiendo que una empresa opere directamente en los países donde residen los deudores, algo que actualmente ninguna compañía de cobranza contratada por la CBP hace desde fuera de EE.UU.