EE. UU. cancela planes para construir dos centros de detención de migrantes en Pensilvania

El gobierno de los Estados Unidos ha anunciado la cancelación de sus planes para construir dos centros de detención de migrantes en el estado de Pensilvania, una decisión que ha sido recibida con satisfacción por organizaciones defensoras de los derechos humanos y comunidades locales afectadas por la propuesta inicial.

Según fuentes oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la medida forma parte de una revisión más amplia de las políticas de detención migratoria a nivel federal, orientada a reducir la dependencia de instalaciones nuevas y priorizar alternativas basadas en la comunidad y el monitoreo electrónico.

Los dos centros propuestos estaban previstos para ubicarse en los condados de Luzerne y Lackawanna, en el noreste de Pensilvania, y tenían una capacidad estimada combinada de aproximadamente 1.500 camas. Su construcción había generado preocupación entre activistas, líderes religiosos y funcionarios estatales, quienes advirtieron sobre los riesgos de condiciones inhumanas, falta de transparencia y el impacto negativo en las comunidades locales.

Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Proyecto de Detención de Immigrants (IDP) habían liderado campañas de oposición, argumentando que la expansión de la infraestructura de detención contradice los principios de debido proceso y aumenta el riesgo de abusos contra personas solicitantes de asilo y migrantes en situación irregular.

La decisión de cancelar los proyectos fue comunicada oficialmente el 23 de julio de 2026, aunque no se especificó si forma parte de un cambio permanente en la política de detención o una pausa temporal sujetas a futuras evaluaciones. Funcionarios del DHS señalaron que los recursos originalmente destinados a estas instalaciones serán redirigidos hacia programas de gestión de casos y alternativas a la detención.

Aunque el anuncio ha sido celebrado por grupos defensores de los derechos de los migrantes, algunos legisladores federales y estatales han expresado preocupación por la falta de capacidad adecuada para manejar los flujos migratorios actuales, sugiriendo que se necesitan soluciones equilibradas que garantizan tanto la seguridad fronteriza como el respeto a los derechos humanos.

Por ahora, no se han anunciado planes alternativos para los sitios originalmente seleccionados, y se espera que las autoridades estatales y locales trabajen con el gobierno federal para determinar el futuro uso de las tierras involucradas.