Diez imputados del caso Medusa solicitan extinción de la acción penal por vencimiento de plazos

Diez imputados del caso Medusa presentaron este lunes ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional una solicitud para declarar la extinción de la acción penal, argumentando que se ha superado el plazo máximo de cuatro años establecido por la ley para la duración de los procesos judiciales.

Esta petición se suma a la anteriormente presentada por el exprocurador Jean Alain Rodríguez, cuya solicitud fue rechazada por el tribunal, así como a las realizadas previamente por los imputados Rafael Solano y Mario Burgos, cuyas defensas también vieron denegado el mismo incidente en semanas anteriores.

Los representantes legales de Javier Alejandro Forteza, Jonathan Joel Rodríguez, Miguel José Moya, Rafael Antonio Merhems, Braulio Michael Batista, Alejandro Martín Rosa Llanes, Félix Antonio Rosario y Altagracia Guillén Calzado son quienes formalizaron esta nueva instancia, junto a las defensas de Burgos y Solano, quienes reiteraron su planteamiento pese a los previos rechazos judiciales.

El tribunal ya había desestimado este incidente en dos ocasiones durante la semana pasada, lo que no ha impedido que otros imputados insistan en la misma estrategia legal, lo que a su vez está impidiendo que el Ministerio Público inicie la lectura de la acusación contra los involucrados en el proceso.

Según la acusación formulada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), el exprocurador Jean Alain Rodríguez y otros imputados enfrentan cargos por un presunto desfalco superior a RD$6,000 millones en perjuicio del Estado dominicano, además de imputaciones por corrupción, soborno y lavado de activos cometidos entre 2016 y 2020.

Los hechos investigados se relacionan principalmente con presuntas irregularidades en el Comité de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la República (PGR) durante la gestión de Rodríguez al frente de esa institución.

La fase de investigación del caso Medusa fue iniciada por el Ministerio Público en 2021, y desde entonces la defensa ha presentado múltiples acciones legales orientadas a detener o dilatar el avance del juicio.

Fue el 13 de julio de 2021 cuando un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó las primeras medidas de coerción contra los implicados en el expediente.

Tras una serie de incidentes presentados a partir del 16 de febrero, los cuales fueron rechazados por el tribunal el 27 de julio, la defensa formalizó la solicitud de extinción de la acción penal, que fue nuevamente denegada el pasado lunes 17 de agosto.

El caso Medusa continúa siendo uno de los procesos judiciales de mayor relevancia en el país debido al monto involucrado y la alta jerarquía de los acusados, manteniendo expectativa nacional sobre su eventual resolución.