DGCP suspende registro de cuatro empresas por posibles vínculos con proveedores investigados

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió de manera cautelar el Registro de Proveedores del Estado (RPE) de cuatro empresas tras detectar posibles vínculos con personas y sociedades bajo investigación por el Ministerio Público por presuntos delitos contra la Administración pública.

Las sociedades afectadas son Grupo Zomo, SRL, Southwest Corporation Dominicana, SRL, Marenas, SRL y Procesadora de Granos de Santo Domingo CK 1000, SRL. La medida está contenida en el acto administrativo DGCP44-2026-003760, firmado el 15 de septiembre de 2026 por el director general de la institución, Carlos Pimentel.

Según el documento, los cruces de información permitieron identificar posibles relaciones societarias, económicas, administrativas, personales o de gestión entre esas compañías y proveedores cuyos registros fueron suspendidos previamente debido a investigaciones relacionadas con procesos de contratación pública.

La DGCP explicó que la medida busca evitar que personas vinculadas con proveedores suspendidos continúen participando en las compras estatales mediante otras empresas formalmente independientes.

Entre los elementos evaluados figuran posibles coincidencias o conexiones entre socios, accionistas, beneficiarios finales, administradores, representantes, familiares y socios comerciales. También se consideraron relaciones profesionales, domicilios, medios de contacto, personal, infraestructura y actividades económicas compartidas.

El acto administrativo no especifica cuáles son los proveedores originalmente suspendidos con los que estaría relacionada cada empresa ni detalla individualmente los vínculos atribuidos a las cuatro sociedades.

La DGCP sostiene que los hallazgos permiten advertir, de manera preliminar, el riesgo de que esas estructuras sean utilizadas para mantener indirectamente la participación económica de personas inhabilitadas en procedimientos de contratación pública.

"La medida supera un examen de razonabilidad y proporcionalidad y persigue el fin legítimo de preservar la transparencia, la libre competencia y el patrimonio público ante la necesidad de evitar la elusión de las medidas cautelares previas", señala la disposición.

La institución aclaró que la suspensión tiene carácter preventivo, cautelar y temporal, por lo que no constituye una sanción ni establece responsabilidad penal o administrativa contra las empresas, sus ejecutivos, socios o accionistas.

La medida permanecerá vigente hasta que el Ministerio Público concluya las investigaciones correspondientes a los proveedores originalmente suspendidos o hasta que las sociedades afectadas demuestren su desvinculación y el cese de las circunstancias que motivaron la decisión.

Las compañías pueden solicitar la revisión de la medida mediante la documentación correspondiente. También disponen de un plazo de 30 días para presentar un recurso de reconsideración ante la DGCP o acudir al Tribunal Superior Administrativo.

La DGCP remitió el acto a la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Procuraduría General de la República y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).