DGCP suspende cautelarmente a cuatro empresas por presuntos vínculos con investigaciones

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió de forma cautelar el Registro de Proveedores del Estado (RPE) de cuatro empresas tras detectar posibles vínculos societarios, comerciales y familiares con personas y entidades bajo investigación del Ministerio Público por presuntos delitos contra la administración pública.

Las empresas afectadas son Grupo Zomo, SRL, Southwest Corporation Dominicana, SRL, Marenas, SRL y Procesadora de Granos de Santo Domingo CK 1000, SRL, según el acto administrativo núm. DGCP44-2026-003760, emitido el 14 de septiembre.

La DGCP explicó que las coincidencias fueron identificadas mediante procesos de verificación, interoperabilidad y cruce de datos, que permitieron establecer conexiones entre estas sociedades y proveedores cuyos registros ya habían sido suspendidos en el marco de investigaciones relacionadas con contrataciones públicas.

Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas, indicó que la medida se sustenta en las facultades otorgadas por la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas y su reglamento de aplicación, el Decreto núm. 52-26.

Según la institución, el objetivo de la suspensión es prevenir que sociedades vinculadas a personas o estructuras empresariales previamente suspendidas puedan continuar participando de manera indirecta en las contrataciones del Estado.

La DGCP sostuvo que existe un riesgo razonable de que las empresas identificadas puedan ser utilizadas para mantener la participación económica de personas o estructuras societarias que ya fueron objeto de medidas cautelares.

"La medida supera un examen de razonabilidad y proporcionalidad y persigue el fin legítimo de preservar la transparencia, la libre competencia y el patrimonio público", establece el acto administrativo.

La institución aclaró que la medida no constituye una sanción ni implica una declaración de responsabilidad contra las empresas o sus ejecutivos. Precisó que la suspensión es de naturaleza preventiva y provisional, por lo que no prejuzga sobre eventuales responsabilidades penales o administrativas, cuya determinación corresponde al Ministerio Público y a los tribunales.

La medida permanecerá vigente hasta que concluyan las investigaciones judiciales de los casos de origen o hasta que las empresas puedan acreditar que han cesado o se han desvinculado de las circunstancias que motivaron la suspensión.

La DGCP informó que el acto administrativo fue remitido a la Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Procuraduría General de la República y Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).