Política

DGCP confirma suspensión de registros de proveedores vinculados a 10 senadores

DGCP confirma suspensión preventiva de 11 RPE vinculados a 10 senadores por incompatibilidad de cargos, sin implicar contratos vigentes con el Estado.

Carmen Rodríguez

Carmen Rodríguez

Editora en Jefe

sábado, 8 de agosto de 20262 min de lectura
DGCP confirma suspensión de registros de proveedores vinculados a 10 senadores
DGCP confirma suspensión de registros de proveedores vinculados a 10 senadores

El director general de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, confirmó que la suspensión de oficio de 11 Registros de Proveedores del Estado (RPE) vinculados a 10 senadores responde a una medida preventiva establecida por la Ley 47-25, y no implica la existencia de contratos vigentes con el Estado.

Según explicó Pimentel, los senadores afectados mantenían registros de proveedores activos, los cuales fueron suspendidos de forma preventiva debido a la incompatibilidad de ejercer funciones legislativas y participar accionaria o societariamente en empresas que proveen al Estado dominicano.

"Tenían registros de proveedores activos, que fueron suspendidos como medidas preventivas", afirmó el funcionario, aclarando que dicha acción no constituye una acusación de contratación irregular ni señala que los legisladores hayan celebrado acuerdos con el Estado en su calidad de funcionarios públicos.

La medida fue aplicada a los senadores oficialistas Antonio Marte (Santiago Rodríguez) y Ginnette Bournigal (Puerto Plata), entre otros, quienes previamente habían negado que sus empresas con registro de proveedores mantuvieran relaciones contractuales con el Estado mientras ejercieran sus cargos legislativos.

La DGCP enfatizó que la suspensión se realizó de oficio y en cumplimiento directo de la Ley 47-25, que prohíbe a funcionarios de alto nivel y legisladores participar en el accionariado o estructura societaria de empresas proveedoras del Estado, con el objetivo de prevenir conflictos de interés y garantizar la transparencia en las contrataciones públicas.

La entidad reiteró que la acción no implica juicio sobre contratos existentes, sino que constituye una medida precautoria para asegurar el cumplimiento del marco legal vigente en materia de ética y contrataciones públicas.

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Sobre el autor

Carmen Rodríguez

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Periodista con más de 15 años de experiencia en medios dominicanos. Especializada en política y asuntos gubernamentales. Graduada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

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