Delitos pasados se juzgarán con ley actual pese a nuevo Código Penal

Los delitos cometidos antes de la entrada en vigor del nuevo Código Penal serán juzgados conforme a la legislación actualmente vigente, independientemente de cuándo se inicie el proceso judicial, debido al principio constitucional de irretroactividad de la ley penal.

Así lo explicó el exjuez del Tribunal Constitucional, Hermógenes Acosta, durante una entrevista en el programa El Día, donde aclaró que la reforma penal no afectará los procesos por hechos ocurridos previamente a su aplicación.

"Aplica el código que estaba vigente cuando se cometió el crimen, porque la ley no es retroactiva", precisó el jurista, recordando que la Constitución dominicana establece que la ley penal no puede aplicarse hacia atrás, salvo cuando resulte más favorable para el imputado.

Como ejemplo concreto, mencionó que los homicidios y otros delitos ocurridos antes de la vigencia del nuevo Código continuarán siendo conocidos bajo las disposiciones del Código Penal actual, incluso si las investigaciones, acusaciones o juicios se desarrollan después de que la nueva normativa esté en vigor.

El exmagistrado destacó que la única excepción al principio de irretroactividad ocurre cuando la nueva norma beneficia al procesado, en cuyo caso sí puede aplicarse de manera retroactiva, tal como lo contempla la Carta Magna.

Durante su intervención, Acosta reiteró su llamado al Congreso Nacional para que posponga la entrada en vigencia del nuevo Código Penal y revise con mayor detenimiento las observaciones formuladas por diversos sectores.

Según su criterio, el tiempo disponible no es suficiente para analizar las decenas de propuestas de modificación presentadas, y advirtió que una aprobación acelerada podría generar errores más graves que los que la reforma busca corregir.

Además, consideró que existen varios artículos del nuevo Código que podrían ser impugnados ante el Tribunal Constitucional, tanto por su contenido como por posibles vicios en el procedimiento legislativo, lo que podría derivar en la anulación de disposiciones específicas o incluso de toda la normativa si se comprueba una violación al proceso de formación de las leyes.