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Defensoría Pública denuncia violación de derechos en centros de retención de Santo Domingo Este

La Defensoría Pública denuncia violación de derechos en centros de retención de Santo Domingo Este por detenciones oltrepasando el plazo de 48 horas y hacinamiento extremo en destacamentos.

Miguel Ángel Pérez

Miguel Ángel Pérez

Editor de Economía

miércoles, 15 de julio de 20264 min de lectura

La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) interpuso dos recursos judiciales tras denunciar la presunta violación de derechos fundamentales de personas detenidas en la zona oriental del país, quienes permanecen bajo arresto sin que el Ministerio Público haya solicitado medidas de coerción dentro del plazo constitucional de 48 horas.

Rodolfo Valentín, director de la ONDP, explicó que se presentó un recurso de amparo, que será conocido este viernes en la provincia Santo Domingo Este, debido a las condiciones infrahumanas en las que permanecen recluidos los detenidos en varios destacamentos policiales. Asimismo, interpuso un recurso de habeas corpus a favor de diez personas detenidas en la misma zona, quienes continúan privadas de libertad sin que se haya solicitado medida de coerción dentro del plazo establecido por la Constitución.

"Pese a haber transcurrido más de 48 horas desde las detenciones, las autoridades competentes aún no han solicitado las correspondientes medidas de coerción", afirmó Valentín, quien fundamentó la acción en el artículo 40, numeral 5, de la Constitución de la República Dominicana, que establece que toda persona detenida debe ser presentada ante la autoridad judicial competente en un plazo máximo e improrrogable de 48 horas a partir de su arresto.

Alerta sobre deterioro de la prisión preventiva y hacinamiento en destacamentos

La ONDP advirtió sobre el deterioro continuo de la situación de la prisión preventiva en el país, lo que, según su director, representa una grave amenaza para el respeto de las garantías constitucionales y el debido proceso. Ante este panorama, anunció que la oficina iniciará nuevas acciones legales para proteger los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.

Valentín reveló que defensores de la ONDP se encuentran actualmente verificando las condiciones en los diferentes destacamentos de la zona oriental. Denunció además el hacinamiento extremo que se registra en varios centros de retención de la provincia Santo Domingo, donde espacios con capacidad para 20 personas albergan hasta 80 detenidos.

"Eso constituye una violación al Estado social y democrático de derecho", expresó el titular de la ONDP, recordando que la Constitución dominicana reconoce el respeto a la dignidad humana como uno de sus principios fundamentales.

Antecedentes: previa denuncia contra fiscal por presuntas violaciones constitucionales

El director nacional de la ONDP recordó que anteriormente solicitó la destitución inmediata de la procuradora fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Intrafamiliar y Sexual de Santo Domingo Este/Norte, Ayeisa Cedeño, por presunto abuso de poder y por mantener detenidas a 13 personas en alegada violación del plazo constitucional de 48 horas.

Según explicó, la fiscal habría enviado a 13 hombres a prisión sin presentarlos ante un juez para el conocimiento de medidas de coerción, manteniéndolos privados de libertad por un período superior al permitido por la Constitución y las leyes dominicanas.

"Estamos frente a una violación grosera del artículo 40, numeral 5, de la Constitución de la República, que establece de manera clara que toda persona detenida debe ser presentada ante un juez dentro de las 48 horas siguientes a su arresto. Aquí se ha ignorado la Constitución y se ha dispuesto de la libertad de ciudadanos sin control judicial", expresó Valentín, quien calificó el hecho como un presunto abuso de autoridad que atenta contra la dignidad humana, el debido proceso y las garantías constitucionales.

Agregó que ningún funcionario, independientemente de su investidura, está por encima de la ley ni de los derechos fundamentales, y sostuvo que mantener a 13 hombres privados de libertad sin que un juez conozca su caso es una arbitrariedad que no se puede permitir, ya que además revictimiza a las personas involucradas y a sus familias.

Valentín ofreció estas declaraciones luego de participar en el acto de juramentación de los nuevos jueces y juezas de paz, celebrado en la Suprema Corte de Justicia.

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Miguel Ángel Pérez
Sobre el autor

Miguel Ángel Pérez

Editor de Economía

Economista y periodista financiero. Ex analista del Banco Central de la República Dominicana. Especialista en mercados y finanzas internacionales.

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