Defensoría Pública denuncia hacinamiento extremo en destacamento policial de Dajabón

La Defensoría Pública ha vuelto a encender las alarmas por las condiciones infrahumanas en las que se encuentran 52 personas privadas de libertad en el destacamento policial de Dajabón, un espacio diseñado para albergar a un máximo de 15 detenidos de forma transitoria.

Según informó el director de la entidad, Rodolfo Valentín, el recinto, destinado únicamente a detenciones breves, se ha convertido en una prisión improvisada a largo plazo, violando derechos fundamentales y exponiendo a los internos a situaciones de hacinamiento extremo que menoscaban su dignidad.

De los 52 internos, 17 son detenidos temporales, mientras que 35 son preventivos con medidas de coerción dictadas, quienes, según la normativa, deberían haber sido trasladados de inmediato a centros penitenciarios formalmente habilitados.

Valentín cuestionó la inacción de las autoridades, pese a la existencia de centros penitenciarios funcionales en las cercanas provincias de Montecristi, Santiago Rodríguez y la propia Dajabón, lo que hace inexplicable la demora en el traslado de los privados de libertad.

El funcionario destacó que este no es un hecho aislado, ya que en años anteriores se recurrió a acciones legales para descongestionar el mismo recinto, pero la falta de seguimiento institucional provocó que el colapso se repitiera, afectando nuevamente a decenas de personas.

"No se puede permitir que personas privadas de libertad permanezcan durante meses durmiendo en el piso de un destacamento policial",

afirmó Valentín, quien añadió que la privación de libertad no significa la pérdida de la dignidad ni de los derechos fundamentales.

La Defensoría Pública exige una intervención urgente del sistema penitenciario y de justicia para frenar el deterioro institucional, coordinar el traslado efectivo de los reclusos y evitar que la prisión preventiva se convierta en una pena anticipada y degradante.

Además, Valentín señaló que el problema no es nuevo en Dajabón, ya que gestiones formales ante la fiscalía local y el Ministerio de Justicia han sido realizadas sin éxito, lo que refleja una falla sistémica en la respuesta estatal ante situaciones de sobrepoblación en destacamentos policiales.

En un contexto más amplio, el director mencionó que existe una elevada demanda de consultas psicológicas en el país, que podría superar ampliamente la necesidad de servicios de psiquiatría, subrayando la urgencia de abordar también la salud mental de las personas privadas de libertad.