Defensa de víctimas de explosión en San Cristóbal rechaza informe de bomberos como falso

El representante legal de los afectados por la explosión en San Cristóbal, Roberto Faxas, denunció que el informe oficial del Cuerpo de Bomberos carece de validez tras ser cuestionado por peritos independientes contratados por la defensa. Según el jurista, dicho documento contiene afirmaciones 'inverosímiles' y fue calificado como 'totalmente falso' al ubicar el origen del incendio dentro de la empresa recicladora Vidal Plast SRL.

Faxas explicó que los técnicos independientes determinaron que el área donde ocurrió la explosión ya estaba desalojada y bajo control de entidades públicas, afirmando textualmente que 'nadie tenía la posesión de eso que no fuera el Ayuntamiento, Obras Públicas y el Consorcio Rilco'. Esta declaración busca trasladar la responsabilidad del incidente a las autoridades municipales y estatales por supuestas omisiones en la vigilancia y control del terreno.

Para sustentar esta postura, el litigante destacó que residentes de San Cristóbal observaron letreros que indicaban que el terreno estaba cerrado por demolición previo al siniestro, lo que, según su argumento, confirma el dominio público del lugar y descarta la responsabilidad exclusiva de la empresa privada.

Ante lo que consideran deficiencias procesales en la investigación oficial, las familias afectadas iniciaron una demanda civil ante el Tribunal Superior Administrativo con el objetivo de determinar los daños y perjuicios causados, buscando una indemnización justa por las supuestas negligencias de las autoridades correspondientes en la supervision de los trabajos de demolición.

El proceso legal se desarrolla en un contexto de profundo dolor y abandono, ya que a tres años de la explosión —ocurrida el 14 de agosto de 2023 alrededor de las 3:23 p. m. en la calle Padre Ayala, zona del Mercado Viejo— los residentes afirman no haberse recuperado del trauma y viven en un constante estado de inseguridad, esperando una respuesta efectiva del Estado para reconstruir sus vidas.

Hasta la fecha, las víctimas han recibido únicamente ayudas mínimas que describen como 'dádivas', mientras permanecen a la espera de la próxima audiencia judicial, pautada para el 17 de este mes, en la que esperan que se establezca finalmente la verdad irrefutable sobre los hechos.

El reclamo jurídico no solo busca una compensación económica, sino también esclarecer las responsabilidades penales y administrativas por el catastrófico evento que dejó un saldo de 42 fallecidos y más de 60 heridos, entre personas que compraban, trabajaban o transitaban por el concurrido sector comercial al momento de la detonación, provocada según reportes por el contacto entre trabajos de remoción de estructuras y un tanque de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en las instalaciones de Vidal Plast SRL.

Los defensores de los afectados sostienen que este caso debe sentar un precedente judicial que obligue a los directores del proceso de demolición a asumir las consecuencias de esta tragedia, cuyas secuelas han dejado una marca imborrable en toda la comunidad sureña de San Cristóbal.