Defensa de Santiago Hazim apela prisión preventiva por falta de fundamento legal

La defensa legal del exdirector del Seguro Nacional de Salud (SENASA), Santiago Hazim, ha presentado un recurso de apelación contra la medida de prisión preventiva dictada en su contra, argumentando que la resolución judicial carece de fundamentación jurídica adecuada y vulnera derechos fundamentales. El abogado defensor, Miguel Valerio, interpuso el recurso ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Falta de Fundamentación Jurídica

Según la defensa, la Resolución núm. 0668-2025-SMDC-02421, emitida por el juez Rigoberto Sena de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, no se sustenta en criterios legales válidos. Valerio sostiene que la decisión se basa en valoraciones personales, referencias bíblicas y literarias, elementos que considera ajenos a los fines de una medida de coerción procesal.

"Carece de motivación jurídica y se apoya en apreciaciones morales del juzgador, lo que la convierte en anulable", expresó el jurista Miguel Valerio.

El letrado enfatizó que argumentos como supuesta avaricia, traición a la patria o deslealtad moral no constituyen razonamientos legales, sino apreciaciones subjetivas que, a su juicio, desbordan la función jurisdiccional. La apelación busca la revocación total de la medida por considerar que fue dictada en violación a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la neutralidad judicial.

Vulneración de Derechos y Condición Médica

La defensa alega que la prisión preventiva impuesta vulnera derechos fundamentales como la dignidad humana, la intimidad, la presunción de inocencia y el derecho a la salud. En este último punto, se destaca que Santiago Hazim padece esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune crónica del sistema nervioso central que requiere tratamiento especializado continuo.

Valerio indicó que se presentaron certificaciones médicas que demuestran que Hazim recibe infusiones de Ocrevus y que la interrupción de este tratamiento podría provocar un deterioro progresivo e irreversible de su movilidad, incluso paraplejia. Aunque el juez reconoció la condición médica, la consideró insuficiente para modificar la medida, una valoración que la defensa calificó de "insuficiente y desconsiderada".

Cuestionamiento a los Fines de la Medida

El abogado defensor argumentó que los únicos fines legítimos de una medida de coerción son evitar la fuga del imputado y prevenir la destrucción de pruebas. Afirmó que el tribunal reconoció el arraigo de Hazim y que el Ministerio Público no controvirtió este punto, por lo que la imposición de prisión preventiva carecería de sustento en estos criterios.

Además, Valerio señaló que la medida duplica el plazo otorgado para concluir la investigación, lo que, en su opinión, configura una "pena anticipada", prohibida por el artículo 232 del Código Procesal Penal. Concluyó afirmando que, en este caso, "la prisión preventiva trasciende su carácter procesal y se convierte en una sanción más grave que una eventual condena".

El caso ahora queda en manos de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que deberá evaluar los argumentos de la defensa y decidir sobre la procedencia de la apelación interpuesta contra la resolución judicial.