Defensa Pública denuncia hacinamiento de 52 detenidos en destacamento policial de Dajabón

La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) alertó sobre una grave situación de hacinamiento en el destacamento de la Policía Nacional en Dajabón, donde 52 personas privadas de libertad permanecen en condiciones inadecuadas, superando ampliamente la capacidad diseñada para 15 internos. La denuncia fue realizada este miércoles por la oficina local de la institución, como parte de sus funciones de supervisión y defensa de derechos fundamentales.

Según el director de la ONDP, Rodolfo Valentín, entre los detenidos hay 17 personas en condición de detenidas y 35 en prisión preventiva, estas últimas con una medida de coerción judicial que debería haberles permitido ser trasladadas a centros penitenciarios habilitados. Sin embargo, permanecen en el destacamento desde hace meses, algunos desde abril de 2026, acumulando aproximadamente cuatro meses de estancia en un espacio concebido únicamente para detenciones transitorias.

Las condiciones reportadas son particularmente críticas: varios internos duermen en el suelo debido a la falta de camas y espacio adecuado, enfrentando riesgos derivados del hacinamiento prolongado y la ausencia de servicios mínimos para una reclusión de esa duración. El destacamento policial, diseñado como lugar de paso, no cuenta con la infraestructura necesaria para funcionar como centro de privación de libertad prolongada.

La situación resulta aún más preocupante dado que existen centros penitenciarios operativos en localidades cercanas como Montecristi, Santiago Rodríguez y el propio Dajabón, lo que plantea interrogantes sobre los motivos del retraso en los traslados. La Defensa Pública ha realizado gestiones ante la Fiscalía local y el Ministerio de Justicia para lograr el traslado de los preventivos, pero hasta la fecha no se ha concretado una solución efectiva.

Rodolfo Valentín hizo un llamado urgente a las autoridades responsables del sistema de justicia y penitenciario para que adopten medidas inmediatas. En su declaración, enfatizó que "la privación de libertad no significa la pérdida de la dignidad ni de los derechos fundamentales", y reiteró la obligación del Estado de garantizar condiciones humanas para todas las personas bajo custodia, independientemente de su situación jurídica.

Este no es un caso aislado ni reciente: hace años se habían presentado denuncias similares en el mismo destacamento, lo que llevó a acciones legales que lograron un descongestionamiento temporal. Sin embargo, el problema ha resurgido, afectando actualmente a decenas de personas y poniendo en evidencia fallas estructurales en la coordinación entre las instituciones encargadas de la custodia, traslado y administración de personas privadas de libertad.

La ONDP insistió en la necesidad de evitar que los destacamentos policiales se conviertan en cárceles de hecho, subrayando que ninguna persona bajo prisión preventiva debería estar sujeta a condiciones degradantes o a una pena anticipada por permanecer en instalaciones inadecuadas. Se solicitó actuar con urgencia, realizar los traslados correspondientes y establecer mecanismos que eviten la repetición de situaciones como esta en Dajabón y otros puntos del país.