Defensa de Jean Alain Rodríguez pide extinción de acción penal tras más de 5 años de proceso

La defensa del exprocurador general Jean Alain Rodríguez solicitó al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional la extinción de la acción penal en su contra, argumentando que el proceso ha superado ampliamente el plazo máximo de cuatro años establecido por la ley.

Los abogados Carlos Balcácer y Nelys Rivas presentaron ante las magistradas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yissell Soto un detallado cronograma que, según sus cálculos, muestra una acumulación de cinco años, 11 meses y seis días desde el inicio de la investigación preliminar el 21 de agosto de 2020.

Según la defensa, el plazo legal comenzó a contabilizarse el 25 de noviembre de 2020, cuando se conoció la solicitud de medidas de coerción, tres meses y cuatro días después del inicio de la indagatoria. Señalan que el auto de apertura a juicio fue emitido el 28 de junio de 2024, tras tres años, 10 meses y siete días de proceso.

Argumentos técnicos y jurisprudenciales

La defensa sustentó su solicitud en estadísticas oficiales del Poder Judicial, que indican que entre 2024 y 2025 se acogieron 22,645 solicitudes de extinción de la acción penal frente a solo 2,769 rechazadas, lo que, a su juicio, demuestra que dicha garantía se aplica de forma habitual en el sistema judicial dominicano.

Además, citaron la sentencia TC/0882/25 del Tribunal Constitucional, que establece el formato de cómputo de plazos, y la Ley 97-25, que restringe las causales excepcionales para extender el plazo de cuatro años a casos de fuga, rebeldía o dilaciones debidamente motivadas al momento de producirse.

"El plazo razonable en materia penal corresponde al límite de cuatro años", afirmaron los abogados, citando jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional.

Causas del retraso atribuidas al Ministerio Público

La defensa atribuyó el alargamiento del proceso a una serie de episodios que, según ellos, son responsabilidad del Ministerio Público:

• Una investigación preliminar que se extendió casi dos años, con una prórroga adicional de cuatro meses solicitada por el órgano acusador.
• Un disco duro defectuoso entregado con cerca de 3,000 pruebas, cuyos archivos fueron inaccesibles y debieron corregirse en tres ocasiones por orden del tribunal, generando más de un año de atraso.
• Aproximadamente seis meses invertidos en la lectura obligatoria de una acusación de más de 12,000 páginas.
• Más de 50 solicitudes de documentos que quedaron sin respuesta y retrasos en la entrega de cientos de pruebas de descargo pese a órdenes judiciales.
• Recusaciones de jueces y una solicitud de unificación de expedientes previamente separados por el Ministerio Público, que añadieron más de un año adicional.

Según los abogados, dos tribunales ya establecieron previamente que estas dilaciones son atribuibles al Ministerio Público y no a la defensa técnica de Rodríguez, quien permaneció privado de libertad durante cuatro años.

El tribunal declaró un receso y retomará la audiencia este miércoles 29 de julio a las 9:00 de la mañana para continuar deliberando sobre la solicitud de extinción de la acción penal.