Defensa de Jean Alain Rodríguez insiste en extinción de acción penal por retrasos

Los abogados del exprocurador general Jean Alain Rodríguez solicitaron nuevamente al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que declare la extinción de la acción penal en el caso Medusa, argumentando que el proceso ya supera el plazo máximo de cuatro años establecido en el artículo 150 del Código Procesal Penal.

La defensa tomó como referencia la fecha de imposición de la medida de coerción, dictada el 13 de julio de 2021, para calcular que han transcurrido cinco años y diez días desde el inicio del proceso, lo que, según sus alegatos, vulnera el derecho a un juicio dentro de un plazo razonable.

Por segunda ocasión, el equipo legal encabezado por los abogados Carlos Balcácer, Gustavo de los Santos Coll, Nelys Rivas y Albert Delgado pidió al tribunal declarar la extinción de la acción penal y ordenar el cierre definitivo del caso, atribuyendo los retrasos exclusivamente al Ministerio Público.

Argumentos de la defensa sobre retrasos procesales

Los juristas sostuvieron que la investigación comenzó el 21 de agosto de 2020 y que el 25 de noviembre de ese mismo año se ejecutó un impedimento de salida del país sin orden judicial, lo que, según afirman, marcó el inicio del plazo legal para la duración del proceso.

Además, señalaron que Jean Alain Rodríguez permaneció privado de libertad durante cuatro años, circunstancia que, conforme al derecho internacional aplicable en la República Dominicana, impide extender el plazo máximo de duración del proceso penal.

La defensa presentó estadísticas oficiales del Poder Judicial que indican que entre 2024 y 2025 los tribunales dominicanos acogieron 22.645 solicitudes de extinción de la acción penal, mientras que 2.769 fueron rechazadas o declaradas inadmisibles, lo que, según argumentan, demuestra que dicha figura constituye una garantía procesal aplicada de manera ordinaria.

Denuncias de irregularidades en la investigación

Según la defensa, el Ministerio Público desarrolló la investigación durante casi dos años, solicitó una prórroga de cuatro meses y posteriormente fue intimado por el tribunal para concluirla debido al retraso.

Asimismo, afirmaron que el órgano acusador depositó un disco duro defectuoso que contenía las supuestas 3.000 pruebas del caso, lo que obligó al tribunal a ordenar en tres ocasiones su corrección tras comprobar que los archivos no eran accesibles, generando un retraso superior a un año.

La defensa también sostuvo que el proceso destinó alrededor de seis meses a la lectura obligatoria de una acusación de más de 12.000 páginas y que el Ministerio Público dejó sin responder más de 50 solicitudes de documentos, retrasó la entrega de cientos de pruebas de descargo pese a decisiones judiciales y provocó nuevas dilaciones superiores a seis meses.

Además, alegaron que actuaciones posteriores del Ministerio Público incidieron en la recusación de jueces y en la solicitud de unificación de expedientes previamente separados, lo que ocasionó retrasos adicionales de más de un año.

"Dos tribunales concluyeron previamente que las dilaciones registradas eran atribuibles al Ministerio Público y no a la defensa", afirmaron los abogados durante la audiencia.

La defensa informó que continuará este lunes 27 de julio a las 9:00 de la mañana con la presentación de nuevos incidentes, luego de que las juezas aplazaran la audiencia anterior.

Esta solicitud se produce después de que el tribunal rechazara el recurso de oposición interpuesto por la defensa contra la resolución que desestimó los incidentes y excepciones planteados, entre ellos la solicitud de extinción de la acción penal y la nulidad de la acusación.

El Segundo Tribunal Colegiado declaró inadmisible dicho recurso contra la decisión emitida el 6 de julio, mediante la cual fueron rechazados los incidentes promovidos por la defensa de los acusados en el caso Medusa.