Defensa de Gonzalo Castillo denuncia protección a responsables en caso Calamar

El equipo legal del exfuncionario Gonzalo Castillo presentó ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional una denuncia formal contra el Ministerio Público, alegando que este órgano estaría protegiendo a los "verdaderos responsables" de las irregularidades investigadas en el denominado caso Calamar. Los abogados sostienen que la acusación contra su cliente se basa en acuerdos con quienes organizaron la presunta trama ilícita.

Acusaciones sobre la construcción del expediente

Los defensores Laura Acosta, Nassef Perdomo y Luis Rivas plantearon ante la jueza Altagracia Ramírez que el expediente fue "construido" sobre la base de acuerdos con individuos que no solo admitieron su culpabilidad, sino que fueron los organizadores de la supuesta trama. Según su argumentación, figuras clave dentro del entramado fueron excluidas de la acusación formal mediante la aplicación de criterios de oportunidad, a pesar de haber reconocido su participación directa en los hechos.

La defensa mencionó específicamente a Ramón Emilio Jiménez (Mimilo) y José Arturo Ureña, a quienes señalan como los organizadores de las operaciones. También citaron a Carlos Báez Batista, exgerente bancario vinculado a los retiros de grandes sumas de dinero en efectivo, quien ahora figura como testigo de la fiscalía.

"El Ministerio Público coordinó con los 'verdaderos responsables' y los que admitieron organizar las operaciones no están en el banquillo de los acusados, mientras se persigue a quien no participó de los hechos", sostuvo la defensa en su presentación judicial.

Solicitud de nulidad y cuestionamiento al proceso

Bajo este argumento, el equipo legal de Castillo refuerza su solicitud de nulidad de la acusación, alegando que existe una protección deliberada hacia quienes ejecutaron las acciones ilícitas. Para los defensores, el hecho de que quienes debieron ser los acusados principales actúen como "testigos protegidos" vicia el proceso desde su origen.

Según la defensa, esta estructura de acuerdos evidencia que el objetivo del órgano persecutor no es la justicia integral, sino la obtención de testimonios interesados para sostener un caso contra el exministro, dejando fuera a quienes manejaron y operaron la logística del entramado.

En el sistema procesal penal dominicano, un criterio de oportunidad es una facultad que permite al Ministerio Público prescindir de la acción penal contra un imputado, generalmente cuando este colabora con la investigación para procesar a autores principales o casos de mayor gravedad. En este escenario, la defensa cuestiona que se haya aplicado a quienes ellos consideran los "autores intelectuales" de los hechos investigados.

El caso continúa su curso ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde la jueza Altagracia Ramírez deberá evaluar los argumentos presentados por ambas partes en el marco de las investigaciones del caso Calamar.