Defensa de Gonzalo Castillo denuncia manipulación de pruebas por Ministerio Público

El equipo de defensa del exfuncionario Gonzalo Castillo presentó este viernes graves acusaciones contra el Ministerio Público, alegando un patrón sistemático de irregularidades procesales que incluiría la fabricación de testimonios y la manipulación de pruebas. Las declaraciones fueron formuladas durante una audiencia en el Segundo Juzgado de la Instrucción por la abogada Laura Acosta, quien lidera la defensa junto a los juristas Nassef Perdomo y Luis Rivas.

Acusaciones de fraude procesal

La defensa sostiene que la acusación contra Castillo está "viciada desde su origen" por graves irregularidades que comprometerían la objetividad del Ministerio Público y afectarían el debido proceso. Según Acosta, se habrían detectado prácticas como la selección interesada de testigos, la preparación anticipada de versiones y la manipulación cronológica de elementos probatorios, configurando lo que califican como un cuadro de fraude procesal.

Como evidencia concreta, la defensa citó el caso de Mustafá Abu Naba'a, en cuyo teléfono habría sido hallado un documento titulado "Relación de Hechos" días antes de su interrogatorio formal. El contenido de ese documento coincidiría en sentido y orden con las respuestas que Abu Naba'a ofreció posteriormente ante la entonces procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, lo que según la defensa demostraría la preparación previa del testimonio.

"Estas prácticas desnaturalizan la acusación y revelan un uso político del proceso penal", afirmó la abogada Laura Acosta durante la audiencia.

Cuestionamientos a la investigación

La defensa cuestionó además la presentación de Abu Naba'a como víctima de una supuesta extorsión atribuida a Gonzalo Castillo, señalando que dicha condición beneficiaría al testigo en un arbitraje internacional contra el Estado dominicano ante el CIADI, con un riesgo económico superior a los 90 millones de dólares. Según la defensa, esta acusación carecería de sustento probatorio más allá de la propia declaración del testigo.

Otro aspecto cuestionado fue el tratamiento otorgado a José Pablo Ortiz Giráldez, quien aparece vinculado a distintos expedientes sin haber enfrentado imputaciones formales. La defensa señaló que este manejo procesal reforzaría la tesis de una investigación selectiva, donde se protegería a determinados actores mientras se dirigiría la persecución penal hacia objetivos previamente definidos.

Acosta recordó que el Ministerio Público contaba desde al menos enero de 2022 con información sobre empresas vinculadas a Ortiz Giráldez, pero decidió no profundizar en esas líneas de investigación. Para la defensa, esta omisión formaría parte de un esquema más amplio de construcción del caso, donde se tolerarían irregularidades funcionales a la acusación principal.

Las acusaciones incluyen también referencias a conversaciones telefónicas que evidenciarían contactos y coordinaciones entre algunos testigos y personas con capacidad de influencia dentro del Ministerio Público, incluso antes de que existiera un juez formalmente apoderado del proceso. Según la defensa, esto pondría en entredicho la independencia y transparencia de la investigación.

La defensa concluyó que este tipo de actuaciones, sumadas a las contradicciones documentales y a la ausencia de controles objetivos sobre la credibilidad de los testigos, confirmarían que el proceso no perseguiría el esclarecimiento de los hechos, sino la obtención de un resultado predeterminado.