Defensa de Donald Guerrero pide extinción de acción penal en caso Calamar

El abogado del exministro de Hacienda Donald Guerrero solicitó al Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional la declaración de extinción de la acción penal en el marco del caso Calamar, alegando el vencimiento del plazo máximo legal para la conclusión del proceso.

La instancia fue presentada después de que la Corte de Apelación del Distrito Nacional remitiera el asunto al tribunal encargado del juicio de fondo, para que resolviera sobre la petición de la defensa. Este tribunal, presidido por la jueza Arlín Ventura Jiménez e integrado por las magistradas Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez, es el responsable de conocer el caso en su etapa principal.

Aunque la solicitud fue formalmente recibida, no provocó el aplazamiento de la audiencia prevista para el 14 de abril a las 9:00 de la mañana. En cambio, dicha audiencia fue pospuesta debido a problemas de salud de dos imputados: Rafael Calderón, quien fue sometido a cirugía ese mismo miércoles, y Daniel de Jesús Caamaño Santana, cuya licencia médica aún no ha concluido su plazo establecido.

Este no es el primer intento de declarar la extinción de la acción penal en este caso. Recientemente, el mismo tribunal había rechazado un pedimento similar presentado por varios acusados, quienes argumentaban que el proceso ya llevaba casi seis años en curso, superando los plazos razonables para su resolución.

El caso Calamar involucra a un amplio grupo de imputados, entre ellos el exministro Donald Guerrero Ortiz, el abogado Ángel Lockward, el excontralor Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, el exdirector del CEA Luis Miguel Piccirillo Mccabe, el director de Catastro Claudio Silver Peña y el exdirector de Casinos Julián Omar Fernández Figueroa.

También figuran como imputados Princesa Alexandra García Medina, Luis Miguel Piccirilo, Yahaira Brito Evangelista, Edwin Oscar Brito, Mabel Mejía, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Cabrera y Agustín Mejía Ávila, así como César Santana, Omar Miqui Arias, Alejandro Constanzo Sosa, Juan Tomás Polanco Céspedes y una segunda mención de Julián Omar Fernández Figueroa.

Todos ellos fueron enviados a juicio en mayo de 2024 y enfrentan cargos por asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos, en lo que la acusación describe como una esquema de corrupción sin precedentes en la historia reciente del país.

Según el Ministerio Público, los implicados formaron parte de una estructura que habría desviado fondos millonarios mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y el uso de sobornos para financiar la campaña electoral de 2020. Los arrestos iniciales se realizaron el 18 de marzo de 2023, marcando el inicio de uno de los procesos judiciales más extensos y mediáticos de los últimos años en la República Dominicana.