Defensa cuestiona atención psiquiátrica recibida por Lindsay Clancy antes de matar a sus hijos

La defensa de Lindsay Clancy sostiene que el tratamiento psiquiátrico que recibió la mujer en los meses previos a la muerte de sus tres hijos fue insuficiente y que el deterioro de su salud mental no fue atendido adecuadamente. Durante el interrogatorio de la psiquiatra Jennifer Tufts, el abogado Kevin Reddington puso en duda el uso de consultas virtuales de aproximadamente 25 minutos, los métodos de documentación de las evaluaciones y los distintos medicamentos recetados mientras Clancy reportaba nuevos síntomas y efectos secundarios.

Reddington también cuestionó la experiencia de Tufts en el tratamiento de pacientes con problemas de salud mental relacionados con el embarazo y el posparto, señalando que la psiquiatra había completado su residencia en julio de 2022 y comenzó a trabajar en una consulta privada poco antes de atender a Clancy. Tufts declaró que atendió a Clancy mediante videollamadas desde septiembre de 2022 hasta el día anterior a los asesinatos y que nunca percibió que las consultas a distancia le impidieran evaluar adecuadamente a su paciente.

Lindsay Clancy, de 35 años, está acusada de matar a sus tres hijos, Callan, Dawson y Cora, de entre 8 meses y 5 años, el 24 de enero en la vivienda familiar de Duxbury, Massachusetts. La fiscalía sostiene que actuó de manera intencional después de enviar a su esposo fuera de la casa y posteriormente estrangular a los niños con bandas elásticas.

La defensa no niega que Clancy causó la muerte de sus hijos, pero sostiene que no debe ser considerada penalmente responsable debido a una enfermedad mental grave. Sus abogados alegan que padecía trastorno bipolar y psicosis posparto, una condición que puede provocar alteraciones en la percepción de la realidad. Un psiquiatra forense le diagnosticó esas condiciones después de los asesinatos.

Según la defensa, Clancy había buscado ayuda antes de los hechos: acudió a diferentes centros de atención, probó varios medicamentos, llamó a una línea de prevención del suicidio, acudió a una sala de emergencias y solicitó ingresar a un programa de tratamiento intensivo para mujeres con problemas de salud mental posparto. También estuvo internada voluntariamente durante varios días en un hospital psiquiátrico.

Tufts declaró que Clancy nunca le habló de episodios maníacos ni de escuchar voces, dos elementos que, según explicó, habrían sido relevantes para evaluar un posible trastorno bipolar o psicosis. La paciente sí había expresado en ocasiones sentirse desesperanzada, haber estado cerca de intentar suicidarse o sentir que iba a morir. Sin embargo, Tufts aseguró que Clancy negaba tener planes de suicidarse o de hacer daño a otras personas, incluyendo a sus hijos.

"Me habría preocupado mucho si hubiera oído eso", declaró la psiquiatra. Clancy ha presentado una demanda civil contra Tufts y otros profesionales que participaron en su tratamiento.

Después del testimonio de Tufts, los fiscales llamaron a declarar a Julie Paul, una enfermera psiquiátrica y matrona especializada en atención durante el embarazo y el posparto. Paul atendió a Clancy durante aproximadamente 10 días en noviembre de 2022, antes de dejar ese trabajo. Según su testimonio, Clancy estaba preocupada por los medicamentos que utilizaba para dormir, por lo que se realizaron algunos cambios en su tratamiento.

Paul explicó que el proceso de probar diferentes medicamentos puede ser habitual en psiquiatría cuando un paciente continúa presentando síntomas. La enfermera también afirmó que Clancy nunca le habló de pensamientos de hacerse daño, de lastimar a sus hijos ni de alucinaciones. La defensa continuará el interrogatorio de Paul el martes.

Si Clancy es declarada culpable de asesinato, podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Si el jurado determina que no era penalmente responsable debido a su estado mental, sería internada en un centro psiquiátrico estatal.