Defensa de condenado en Operación Gavilán cuestiona validez de pruebas electrónicas

La defensa de Víctor Gilberto Mercedes Gómez, condenado a 10 años de prisión por su participación en la Operación Gavilán, planteó este martes ante la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional la ilegalidad de varias pruebas presentadas durante el proceso, argumentando vulneraciones al debido proceso y solicitudes de revisión de la sentencia condenatoria.

Guillermo Andrés Castillo Cueto, abogado defensor, sostuvo que la condena se basó en informaciones extraídas de dispositivos electrónicos bajo una resolución judicial que, según afirmó, nunca fue incorporada formalmente a la acusación por el Ministerio Público.

Explicó que inicialmente se emitió la resolución número 0065, del 26 de julio de 2023, autorizando diligencias como allanamientos, arrestos y el envío de equipos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para extracción de datos. No obstante, indicó que dicho plazo venció y fue sustituida por la resolución número 003, del 3 de noviembre de 2023, bajo la cual se extrajeron informaciones de varios teléfonos, incluido uno atribuido a Alfredo Polanco.

"Esa resolución que le dio el juez para que extrajeran la información de los teléfonos nunca fue presentada por el Ministerio Público", declaró Castillo Cueto ante la corte, argumentando que esta omisión afecta la legalidad de las pruebas obtenidas y constituye un pilar del recurso de apelación.

Otro argumento central fue que las conversaciones de WhatsApp usadas como prueba no identifican de forma concluyente a Víctor Gilberto Mercedes Gómez. Según el defensor, en las páginas 90 a 183 del expediente solo aparece el nombre de “Víctor Gómez”, sin certificación telefónica ni otra prueba que vincule el número analizado con su representado.

Destacó que durante el juicio cuestionaron al analista Richard Rodríguez de la Cruz sobre la existencia de una certificación de la compañía telefónica que vinculara el número con su cliente, y la respuesta fue negativa. Además, aseguró que no existen pruebas periféricas o complementarias que establezcan de manera concluyente dicha relación.

La defensa también denunció que su representado fue investigado bajo reserva sin tener oportunidad de ejercer plenamente su derecho de defensa, alegando que esto le impidió proponer testigos, recusar peritos o cuestionar los peritajes realizados.

"Este proceso es un natimuerto. Desde su origen nace muerto", manifestó Castillo Cueto, pidiendo a la Corte examinar los aspectos constitucionales del caso amparándose en las facultades de los jueces de apelación para verificar vulneraciones a derechos fundamentales, incluso si no fueron planteadas directamente por las partes.

Víctor Gilberto Mercedes Gómez es uno de los cuatro imputados que apelaron la sentencia del tribunal que conoció el caso de la Operación Gavilán, junto a Luis Peña Celedonio, José Ramón Quesada Carmona y Pilar Irene Medina Trinidad. Todos fueron condenados a 10 años de prisión y multas equivalentes a 100 salarios mínimos del sector público por su presunta vinculación con una red acusada de eliminar y alterar antecedentes penales en la base de datos del Ministerio Público a cambio de sobornos.

El proceso lleva el número 502-01-2026-SPEN-00116 y es conocido por la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.