Debate sobre el aumento del incentivo fiscal en la Ley de Mecenazgo Cultural dominicana

La Ley de Mecenazgo Cultural dominicana vuelve al centro del debate público tras la propuesta de modificar el artículo 33 para elevar el incentivo fiscal del 2.5% al 5% para personas físicas y jurídicas que aporten a proyectos culturales. La iniciativa, impulsada por el senador Franklin Romero, busca fortalecer el financiamiento privado del sector artístico y cultural en el país.

El senador Pedro Catrain respaldó la propuesta en el Senado, donde se destacó que, si bien la Ley núm. 340-19 abrió una vía para el mecenazgo, su impacto depende de su implementación efectiva, transparencia y voluntad política sostenida. Se enfatizó que una ley por sí sola no transforma la realidad sin los mecanismos adecuados de seguimiento y evaluación.

Uno de los argumentos centrales a favor del aumento del incentivo es su potencial para movilizar recursos privados hacia un sector que genera empleo y activa cadenas económicas. Se citaron ejemplos como producciones teatrales, conciertos y exposiciones, que involucran a actores, técnicos, diseñadores, músicos, transportistas, impresores y proveedores de servicios diversos.

Se reconoció que el aumento representa un costo potencial para las finanzas públicas, pero se sostuvo que su justificación debe ir más allá de la recaudación inmediata, considerando la inversión adicional movilizada, los empleos generados y los beneficios sociales y económicos a largo plazo. Se propuso que el incentivo esté sujeto a reglas claras, transparencia, fiscalización y evaluación de resultados.

Se hizo un llamado a que el compromiso político se traduzca en decisiones concretas que fortalezcan el marco legal y aseguren la continuidad de las políticas culturales, independientemente de los cambios de administración. Se destacó la necesidad de planificación, seguimiento y rendición de cuentas, tomando como referencia la Ley núm. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, cuyo impacto depende de su ejecución efectiva.

Finalmente, se subrayó que la cultura debe formar parte integral del desarrollo económico y social nacional, y que su fortalecimiento requiere no solo incentivos fiscales, sino un sistema cultural sostenible con oportunidades reales para artistas y gestores, respaldado por acuerdos que trasciendan los períodos de gobierno.