Corte Suprema de EE.UU. revisará detención sin fianza de inmigrantes en deportación

La Corte Suprema de Estados Unidos anunció que examinará si el gobierno puede negar la libertad bajo fianza a inmigrantes que enfrentan deportación, una cuestión que podría afectar a miles de personas detenidas durante años mientras se resuelve su caso migratorio.

El caso que desencadenó la revisión judicial involucra a Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha, un ciudadano brasileño que ingresó ilegalmente a EE.UU. entre 2004 y 2005 a través de la frontera mexicana y posteriormente solicitó asilo. Tras establecerse en Massachusetts, obtuvo permiso de trabajo, se casó y tuvo dos hijos nacidos en el país.

En octubre de 2023, agentes de ICE lo detuvieron mientras se dirigía a su trabajo, a pesar de que previamente había sido liberado bajo fianza mientras esperaba la resolución de su solicitud de asilo. Hasta entonces, la práctica habitual era conceder libertad bajo fianza a inmigrantes no considerados peligrosos ni riesgo de fuga.

El gobierno sostiene que debe aplicar una disposición de la ley de inmigración de 1996 que exige detención obligatoria para quienes ingresaron al país de manera ilegal, independientemente de cuánto tiempo hayan residido en EE.UU. Esta interpretación fue inicialmente respaldada por un juez de primera instancia, pero posteriormente revocada por dos cortes federales de apelación.

Sin embargo, en otros circuitos judiciales, jueces han respaldado la postura del Ejecutivo, generando un conflicto entre tribunales que justifica la intervención de la Corte Suprema para establecer un precedente nacional.

Los defensores de los inmigrantes argumentan que la ley de 1996 fue diseñada principalmente para personas detenidas en o cerca de la frontera, y que residentes de largo plazo arrestados dentro del país deberían mantener su elegibilidad para fianza, especialmente cuando tienen vínculos familiares y laborales establecidos.

El gobierno de Trump justifica el cambio de política afirmando que responde al aumento de llegadas de indocumentados durante la administración anterior y sostiene que la detención indefinida evita que los inmigrantes eludan los procesos de deportación.

Según el procurador general John Sauer, la cuestión tiene una "importancia crítica" debido al impacto de la detención prolongada en el sistema migratorio. Mientras tanto, la administración afirma haber reducido a casi cero los cruces fronterizos desde su regreso al poder.

Barbosa da Cunha fue liberado bajo fianza en octubre tras la decisión de las cortes de apelación, pero su caso permanece pendiente ante el alto tribunal, cuya resolución podría definir el futuro de la política de fianza en casos de deportación a nivel nacional.