Contraloría alerta sobre RD$6,400 millones ejecutados por el 9-1-1 sin estados financieros propios

La Contraloría General de la República puso bajo alerta más de RD$6,400 millones ejecutados por el sistema 9-1-1 durante la gestión del coronel Rodolfo Rijo Gómez, tras detectar graves deficiencias en la gestión financiera y administrativa. La auditoría, realizada entre enero de 2023 y diciembre de 2024, reveló que, pese a una alta ejecución presupuestaria del 94%, la entidad no elabora estados financieros propios, lo que contraviene la Ley 10-07 y la Ley 126-01 sobre control interno y transparencia en el sector público.

Durante el período auditado, el 9-1-1 recibió una asignación presupuestaria vigente de RD$6,908,459,900 y ejecutó RD$6,476,711,441, equivalente al 94% del total disponible. En 2023 ejecutó RD$2,943,256,362 de un presupuesto de RD$3,268,769,372, y en 2024 el gasto ascendió a RD$3,533,451,678 de un presupuesto de RD$3,639,686,627. Aunque la entidad obtuvo una calificación del 95% en las Normas Básicas de Control Interno, la Contraloría advirtió que la planificación financiera y la ejecución real no avanzaron al mismo ritmo.

Uno de los hallazgos más críticos es la ausencia de estados financieros elaborados por la propia entidad, lo que limita la transparencia, debilita la rendición de cuentas y dificulta verificar cómo se reflejaron los recursos ejecutados en la situación patrimonial y financiera del 9-1-1. La institución respondió que elabora balances mensuales con reportes del sistema y conciliaciones bancarias para el portal de transparencia, y que en 2026 actualizará los datos manualmente y reforzará el proceso con más personal. Sin embargo, la Contraloría sostuvo que estos argumentos no desvirtúan el hallazgo y exigió un plan de acción concreto.

La auditoría también puso en observación los inventarios de materiales y suministros, valorados en RD$22,857,950 al 31 de diciembre de 2024. Se detectaron espacios de almacenamiento utilizados como oficinas administrativas, materiales sin codificación física visible, registros desactualizados e inconsistencias entre el auxiliar de inventarios y los formularios remitidos a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. En un conteo físico de 61 artículos, se encontraron diferencias en 17 de ellos, incluyendo una inconsistencia de RD$1,514,816 entre los registros.

En el capítulo de bienes muebles e inmuebles, el 9-1-1 registraba activos por RD$6,320,345,517 al cierre de 2024, pero la auditoría encontró manuales desactualizados, bienes sin codificación, vehículos sin rotulación y activos pendientes de descargo ante Bienes Nacionales. El hallazgo de mayor impacto económico fue la diferencia entre las adiciones registradas en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB) y las reportadas en la ejecución presupuestaria: en 2023, una diferencia de RD$556,248,346, y en 2024, de RD$735,924,344.

La Contraloría mantuvo todos los hallazgos pese a las respuestas de la entidad, considerando que las medidas anunciadas (como el alquiler de una nave para reubicar el almacén o la adquisición de equipos de lectura en 2026) aún están en proceso y no resuelven las deficiencias estructurales identificadas. Se reiteró la necesidad de un plan de acción inmediato para garantizar la correcta gestión de los recursos públicos.