La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo establece que sus dictámenes son vinculantes para todo el Estado

La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo de la República Dominicana ha emitido un dictamen formal que establece con claridad que sus criterios jurídicos son obligatorios para todos los ministerios y organismos del Estado, no meras recomendaciones.

Según el documento suscrito por el consultor jurídico Jorge A. Subero Isa y los subconsultores Mairelii Rivas Polanco, Edgar Torres Reynoso y Félix Tena de Sosa, la entidad, ubicada en el vértice del Poder Ejecutivo y adscrita al Despacho Presidencial, posee autoridad derivada de su posición institucional y del marco constitucional que rige la administración pública.

El dictamen responde a una pregunta recurrente en la gestión pública: ¿qué ocurre cuando un ministerio o institución interpreta una ley de forma distinta a la opinión emitida por la Consultoría Jurídica? La respuesta es que tal discrepancia genera inconsistencias jurídicas que vulneran principios fundamentales como la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica.

Se establece que:

• Cuando una institución solicita expresamente una opinión jurídica, tiene la obligación más estricta de seguirla.
• Cuando una institución no solicita la opinión pero aplica la misma norma, igualmente debe tomar el criterio de la Consultoría como referencia principal.

El documento reconoce que pueden existir circunstancias excepcionales que justifiquen una interpretación distinta, pero en esos casos la institución debe:

1. Solicitar una nueva consulta explicando las diferencias de su situación para que la Consultoría evalúe si procede una excepción.
2. O bien, esperar a que la propia Consultoría actualice su criterio ante cambios legislativos o circunstanciales, siempre que dicha modificación esté debidamente justificada.

Se prohíbe expresamente ignorar los criterios sin ofrecer una explicación fundamentada, ya que ello constituye una vulneración del deber de coherencia institucional y abre espacio a la arbitrariedad en la aplicación del derecho.

Además, el dictamen incluye un compromiso autorreflexivo: la Consultoría Jurídica se obliga a mantener altos estándares de calidad en sus emisiones, reconociendo que su autoridad depende directamente del rigor, la solidez argumental y la ausencia de errores en sus análisis.

Se fundamenta constitucionalmente en el artículo 138 de la Constitución Dominicana, que establece los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación que deben guiar toda la actuación del Estado, y en el principio de igualdad ante la ley, esencial para garantizar un trato uniforme a todos los ciudadanos.

Al unificar la interpretación jurídica bajo una sola voz autorizada, el Estado fortalece su previsibilidad, reduce la discrecionalidad indebida y asegura que las decisiones gubernamentales sean coherentes, justas y sometidas al Estado de Derecho.