Consulta presidencial del PLD enfrenta obstáculos legales y tecnológicos

La consulta interna del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para definir su aspirante presidencial enfrenta serios obstáculos que podrían afectar su realización el próximo 18 de octubre. La iniciativa, diseñada para medir el apoyo a los precandidatos, ha entrado en una fase crítica debido a desacuerdos jurídicos, limitaciones técnicas y disputas sobre el padrón de participantes.

El principal conflicto surgió con la decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de no proporcionar los 1,800 equipos tecnológicos adicionales solicitados por el PLD para la jornada. El organismo electoral argumentó que dicha actividad no se encuentra dentro de los actos permitidos por la ley en la actual etapa del calendario electoral, pese a que el partido había solicitado un total de 2,300 unidades, tomando como referencia los equipos utilizados en procesos oficiales.

Cada conjunto tecnológico, conocido como "valija", incluye monitor, mini-CPU, lector de códigos, impresora y periféricos necesarios para identificar a los participantes, verificar su habilitación en el padrón, evitar votaciones duplicadas, registrar la participación y transmitir resultados. La JCE sí autorizó 500 equipos para actividades de capacitación y formación política, pero rechazó entregar los restantes 1,800 destinados específicamente a la consulta, estableciendo una separación clara entre ambas iniciativas.

Esta negativa obliga al PLD a reestructurar su plataforma tecnológica en un plazo relativamente corto, ya que había diseñado gran parte de la logística alrededor de esos equipos. La consulta pretende abarcar todo el territorio nacional y 35 demarcaciones en el exterior, lo que aumenta la complejidad de la coordinación y la dependencia de un sistema fiable de identificación y transmisión de datos.

Paralelamente, persiste una controversia sobre quiénes tienen derecho a participar. El dirigente Francisco Javier García cuestionó la exclusión inicial de más de medio millón de ciudadanos que aparecen en los registros del PLD pero también coinciden con padrones de otros partidos. Según datos de la Comisión Organizadora de la Consulta sobre Aspirantes Presidenciales (CONAP-2026), de un universo de 6,099,227 ciudadanos potencialmente habilitados entregado por la JCE el 7 de septiembre, 5,047,236 no están inscritos en ninguna otra organización, mientras que 1,051,991 presentan coincidencias con otros partidos.

Entre esas coincidencias, se detectaron 200,057 personas registradas también en Fuerza del Pueblo, 72,309 en el Partido Revolucionario Moderno (PRM), 120,338 en otras organizaciones políticas y 131,077 que figuran simultáneamente en dos o más organizaciones. García sostuvo que excluirlas inicialmente podría alterar las condiciones de la competencia interna y atribuyó la medida a dirigentes vinculados al proyecto de Gonzalo Castillo, aunque la CONAP-2026 aclaró que no se trata de una exclusión definitiva.

Además, existe un desacuerdo fundamental sobre la naturaleza jurídica del proceso. La CONAP insiste en que la consulta no constituye una primaria ni seleccionará jurídicamente al candidato presidencial para 2028, sino que es una medición de simpatía no vinculante, cuya resultado deberá ser ratificado posteriormente dentro de los plazos legales. En contraste, la JCE ha mantenido desde junio que dicha actividad carece de respaldo legal en la etapa actual del calendario electoral, utilizando ese argumento para justificar la negativa a proporcionar los equipos tecnológicos.

El PLD ahora debe resolver tanto el desafío tecnológico como el político para garantizar una consulta creíble y nacional, en un contexto donde la legitimidad del proceso depende tanto de la inclusión del padrón como de la solidez técnica de su ejecución.