Construir una política cultural nacional requiere responsabilidad compartida

La construcción de una política cultural de Estado en la República Dominicana no puede recaer exclusivamente en las instituciones públicas, sino que exige la participación activa de todos los actores del ámbito cultural nacional e internacional. Este enfoque fue destacado en un reciente análisis que enfatiza la necesidad de pasar de una postura reactiva a una visión estratégica y de largo plazo para el desarrollo cultural del país.

Durante décadas, el sector cultural dominicano ha respondido principalmente a coyunturas inmediatas, como cambios en la dirección del Ministerio de Cultura, variaciones presupuestarias o decisiones administrativas, sin abordar de manera estructurada la pregunta fundamental: ¿qué modelo cultural necesita la nación para su futuro? Esta tendencia ha limitado la capacidad de construir consensos y proyectos sostenibles.

La responsabilidad de imaginar y proyectar el destino cultural de la nación corresponde a toda la sociedad, incluyendo escritores, artistas, músicos, gestores culturales, académicos, museos, bibliotecas, centros culturales, industrias creativas, empresas del sector y medios de comunicación. Asimismo, la diáspora dominicana debe ser considerada un actor permanente en la formulación de políticas públicas, no solo como sujeto de reconocimiento ocasional, sino como portadora de un valioso capital intelectual, artístico y humano generado en distintos contextos globales.

Se propone abandonar la cultura de la queja permanente y sustituirla por un enfoque basado en el diálogo, la propuesta constructiva y la cooperación. Las críticas legítimas ganan mayor fuerza cuando van acompañadas de soluciones y disposición al consenso. Una democracia cultural madura se fortalece cuando los ciudadanos asumen su corresponsabilidad en el bien común, priorizando el interés nacional sobre diferencias ideológicas, institucionales o generacionales.

El verdadero desafío radica en concebir al sector cultural como una comunidad de pensamiento capaz de debatir con respeto, construir acuerdos y trabajar por un propósito compartido. Solo entonces será posible hablar de una auténtica ciudadanía cultural, que participe activamente en la definición de las políticas públicas y entienda la cultura no como mera administración de eventos, sino como un derecho, una responsabilidad y un pilar del desarrollo humano.