Congreso Nacional cierra legislatura con solo una de nueve reformas prioritarias aprobadas

El Congreso Nacional concluyó su primera legislatura ordinaria del año el pasado 25 de marzo, dejando un escenario de estancamiento legislativo que se repite desde gestiones anteriores. Según informó el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, se había trazado un acuerdo con el Senado y el Poder Ejecutivo para impulsar una 'ola de aprobaciones' de nueve iniciativas prioritarias antes del cierre de la legislatura, fijado para el 26 de julio.

De las nueve reformas inicialmente priorizadas, solo una logró completar su trámite legislativo: la Ley del Sistema de Alerta de Personas Desaparecidas, la cual fue remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación. El resto de las iniciativas quedaron pendientes, entre ellas la esperada reforma al Código de Trabajo, que se encontraba en su fase final, a la espera únicamente de la segunda lectura en la Cámara de Diputados para ser enviada a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.

La reforma laboral volvió a quedar paralizada debido a divergencias entre sectores, según declaró el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, diputado Mélido Mercedes, quien atribuyó el estancamiento a una decisión del presidente Luis Abinader, señalando que el proyecto permanecía detenido por indicación del Poder Ejecutivo. Con el cierre de la legislatura, la iniciativa perdió vigencia y deberá ser reintroducida a partir del 16 de agosto, tras haber perimido dos veces consecutivas en menos de dos años.

Otra iniciativa que sufrió el mismo destino fue la modificación a la Ley 590-16 de la Policía Nacional. Aunque el Senado había agilizado su estudio tras siete meses de análisis, motivado por el debate público sobre la reforma policial y la formación académica de sus miembros, según reconoció el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, el proyecto enviado por el Gobierno en diciembre pasado perimió en la Cámara de Diputados sin ser conocido en primera lectura.

Este patrón de compromisos no cumplidos se repite: en agosto del año pasado, el Congreso cerró su legislatura habiendo aprobado apenas 8 de las 24 iniciativas que las directivas legislativas se habían comprometido a priorizar. Otras reformas de alto impacto continúan en espera, incluyendo modificaciones a la Ley de Seguridad Social, la Ley de Discapacidad, la legislación sobre Libertad de Expresión, la regulación sobre inteligencia artificial y el Código de Agua.

Respecto al Código de Agua, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, estimó que su aprobación podría lograrse antes del 13 de enero del próximo año. Asimismo, la propuesta 'Déjala ir', impulsada el 15 de octubre por un grupo de legisladoras encabezado por la diputada Kinsberly Taveras para prevenir feminicidios y filicidios mediante un paquete de unos 10 proyectos, tampoco avanzó en las cámaras, pese al respaldo inicial expresado por los presidentes de ambas cámaras legislativas.

En el ámbito de las reformas institucionales prometidas desde 2021, iniciativas como la revisión de la Ley de Hidrocarburos, la seguridad social y el régimen fiscal continúan sin concretarse en la agenda parlamentaria. En contraste, el proyecto del nuevo Código Penal completó su trámite legislativo y se encuentra en manos del presidente de la República, quien dispone de cinco días constitucionales para promulgarlo u observarlo, con vistas a su entrada en vigencia en los primeros días de agosto.